La suspensión de la obra pública de Milei le costaría a Argentina 25 mil millones de dólares por año
La paralización de la obra pública en Argentina podría tener un costo mucho mayor al estimado inicialmente. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, al denunciar que el país pierde alrededor de 25 mil millones de dólares por año como consecuencia directa del abandono de la inversión en infraestructura.
Obra pública paralizada y deterioro progresivo
Desde diciembre de 2023, bajo la gestión del presidente Javier Milei, el Gobierno Nacional decidió frenar la obra pública en todo el territorio argentino. Según datos de la Secretaría de Obras Públicas, hasta mayo de 2025 sólo se iniciaron 18 proyectos nuevos. Además, el 54% de las obras heredadas del gobierno anterior —que estaban en ejecución— no presentan ningún tipo de avance.
El titular de la Defensoría del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, destacó que la inversión en obra pública cayó un 77,3% en 2024 respecto del año anterior, alcanzando el nivel más bajo desde 2002. Esta política de ajuste, justificada por el Gobierno en su objetivo de lograr superávit fiscal y reducir el gasto público, estaría generando consecuencias económicas de gran envergadura.
Costo económico y pérdida de vidas
Un informe de la Cámara Argentina de la Construcción advierte que, al dejar de mantener y renovar la infraestructura existente, el país afronta una depreciación acelerada de su “stock de capital público”. Esto afecta desde rutas, puentes, redes eléctricas, de agua, gas y saneamiento, hasta hospitales, escuelas, cárceles, puertos y ferrocarriles.
El informe explica que el valor de reposición del capital de infraestructura pública alcanza las 2,56 veces el Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el valor actual —ya depreciado— equivale a 1,14 veces el PBI. La diferencia representa una brecha millonaria que se profundiza con el tiempo.
Según estos cálculos, para reconstruir la infraestructura deteriorada será necesario invertir unos 1,4 billones de dólares. A esto se suma el impacto en la vida cotidiana: aumento de costos para empresas y consumidores, interrupciones en servicios esenciales, y en los casos más graves, pérdida de vidas debido al mal estado de obras clave.
Las Pymes, uno de los sectores más afectados por la obra pública paralizada
Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa se remarcó que los principales perjudicados por esta situación son los usuarios y las pequeñas y medianas empresas. Estas últimas enfrentan un contexto de encarecimiento de bienes y servicios, baja en la actividad económica y mayores dificultades logísticas ante el deterioro de rutas y redes de transporte.
En un país con urgencias sociales y estructurales, la paralización de la obra pública representa no sólo un freno al desarrollo, sino también una carga económica creciente que, a corto y mediano plazo, podría superar ampliamente el supuesto ahorro fiscal.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Cumbre de gobernadores con el CFI: solo Gildo Insfrán fue en persona desde el NEA
