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Milei, la SIDE y Alconada Mon: ¿Qué hay detrás del plan secreto del Gobierno Nacional?

El domingo 25, el periodista Hugo Alconada Mon encendió varias alarmas al revelar que el Gobierno de Javier Milei había aprobado un Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que dejaba todas las puertas abiertas para el espionaje interno. El plan fue elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y plantea vigilar tanto a delincuentes como a periodistas, economistas, académicos y cualquier argentino que cuestione al Gobierno Nacional o a sus políticas.

El documento es tan largo como ambiguo, tiene 170 páginas llenas de grises que preocupan. Por ejemplo, en una parte dice que la SIDE pondrá el foco en quienes «erosionen la confianza» en los funcionarios, «manipulen la opinión pública» o «afecten los procesos cognitivos» de la sociedad. ¿Qué quiere decir? que cualquier persona que opine en contra del Gobierno Libertario o que difunda información que a los funcionarios les moleste podría quedar bajo la lupa.

Espionaje como respuesta a la crítica

La noticia causó incomodidad, al principio algunos allegados al Gobierno lo negaron, pero casi inmediatamente, el documento dirigido por Sergio Neiffert (jefe de la SIDE, también conocido como «el Señor 5»), fue confirmado por 2 fuentes independientes consultadas por una agencia de noticias nacional.

Más tarde, el Gobierno Nacional admitió la existencia del documento a través de un comunicado, aunque negó que su intención sea espiar a periodistas u opositores. Sin embargo, desde la Casa Rosada amenazaron con iniciar acciones legales contra los medios que difundan el contenido del plan, diciendo que hacerlo constituye un “delito federal”.

La lista negra de la SIDE: economistas, periodistas y críticos

El plan de espionaje pone como “objetivos” a los que pueden “manipular la opinión pública”, los que generan desconfianza sobre la política económica (como los economistas que critican a Luis “Toto” Caputo), y aquellos que, según el Gobierno, difunden “fake news” o información falsa. Lo preocupante es que estos términos son muy amplios y vagos, básicamente cualquiera puede ser incluido en la lista: desde un periodista como Alconada Mon hasta cualquier argentino que comparta una opinión crítica en redes sociales.

Además, el plan menciona como áreas de interés el control sobre criptomonedas, fenómenos de pobreza, migraciones internas, tecnologías como 5G y 6G, recursos naturales estratégicos, y hasta conductas monopólicas o cartelización. Todo esto forma parte de una agenda que combina obsesiones libertarias (como el combate a “enemigos culturales” y el alineamiento con Estados Unidos e Israel) con la ambición de controlar más aspectos de la vida económica y social de Argentina.

La SIDE y el caso Alconada Mon

Una de las cosas más evidentes de que al Gobierno Nacional no le simpatizó la nota de Hugo Alconada Mon es que el lunes 26 de mayo, la cuenta de Twitter del periodista fue hackeada y suplantada por una transmisión de criptomonedas. Si bien la autoría del ataque no está confirmada, muchísimas personas, incluyendo el periodista, interpretaron esto como un intento de intimidación.

El hackeo ocurrió apenas horas después de que el Gobierno amenazara a los medios por difundir el contenido del PIN. ¿Coincidencia? No parece. Los libertarios no son ajenos a las contradicciones, por eso no llama la atención que mientras LLA insiste en que no hay intención de perseguir a la prensa, sus acciones digan lo contrario.

Más dudas que respuestas

Lejos de aclarar las cosas, el Gobierno de Milei sumó más confusión. Por un lado, admite que existe el PIN, pero por otro, niega que tenga intenciones de espiar. Al mismo tiempo, la SIDE recibió $25.250 millones extra de presupuesto este mes, llegando a un total anual de casi $81.000 millones, de los cuales $13.400 millones son “gastos reservados”.

Otra cosa, el PIN prioriza el alineamiento con Estados Unidos e Israel, por lo que no queda en claro qué intereses se está protegiendo realmente: ¿los de la Argentina o los de los países que admira Milei?. La obsesión por espiar a críticos internos, en lugar de centrarse en amenazas reales como el crimen organizado o el terrorismo, parece más una estrategia para callar a quienes no pienses como él más que una política de seguridad.

La democracia en riesgo

El uso de los organismos de inteligencia para vigilar a opositores, periodistas y críticos es una práctica que recuerda a los peores momentos de la historia argentina. La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe expresamente la persecución por razones políticas, pero el PIN, tal y como está redactado, deja abierta esa posibilidad.

El Gobierno de Milei intenta justificar este plan como una necesidad de proteger la seguridad nacional, pero en realidad, lo que hace es reforzar su control sobre la opinión pública y blindar su relato político. Esto representa un peligro para la democracia, la libertad de prensa y los derechos ciudadanos. Si periodistas famosos pueden ser amenazados o silenciados, ¿qué garantía tiene cualquier argentino de poder expresarse libremente?

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