Provinciales

Más del 90% de las obras públicas están paralizadas y la deuda con constructoras frena las inversiones

La actividad de la construcción atraviesa uno de sus momentos más críticos. La última medición del INDEC refleja una caída mensual del 4,1%, pero detrás de ese número hay un entramado de conflictos estructurales que afectan a empresas, trabajadores y a la propia infraestructura del país. Desde diciembre de 2023, más del 90% de las obras públicas nacionales fueron suspendidas, lo que provocó la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y un fuerte retroceso en el sector.

De acuerdo al titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, el sector sufrió en forma directa la decisión de cortar toda erogación en obras públicas nacionales desde diciembre de 2023. Aunque en los primeros meses ello pudo explicarse ante la emergencia inflacionaria, lo cierto es que la continuidad de esa política en el tiempo parece una decisión errada, ya que la infraestructura pública no es un gasto sino una inversión que determinará el crecimiento futuro del país.

Según CAMARCO, se necesitan inversiones del 4% del PBI anual para mantener la infraestructura básica en condiciones.
Según CAMARCO, se necesitan inversiones del 4% del PBI anual para mantener la infraestructura básica en condiciones.

La parálisis de las obras públicas y sus efectos en cadena

A esto se suma que la paralización unilateral de contratos vigentes al momento del cambio de administración, junto con el impago de obligaciones de obras ya ejecutadas, constituyen un antecedente negativo cuando se pretende atraer a inversores externos, quienes serán imprescindibles para el desarrollo.

En este contexto, Weiss sostiene que la situación aún es compleja, con pagos parciales, limitados a algunas partidas o reparticiones y con una deuda acumulada de contratos vigentes que aún no fue resuelta.

Para revertir este panorama y conservar la infraestructura en un estado de servicio adecuado, bien mantenido y con los deterioros prioritarios recuperados —incluso sin que el país crezca—, se requiere una inversión por parte de los tres niveles de Gobierno de alrededor del 4 % del PBI cada año. Sin embargo, la inversión nacional prevista en el presupuesto vigente es del orden del 0,6 % del PBI, una cifra que además se ejecuta tardíamente hasta ahora.

El presupuesto nacional destina apenas el 0,6% del PBI a obras públicas, y su ejecución es lenta e incompleta.
El presupuesto nacional destina apenas el 0,6% del PBI a obras públicas, y su ejecución es lenta e incompleta.

Sobre el futuro de la construcción en Argentina

En cuanto a las perspectivas, el titular de la Cámara de la Construcción no ve señales favorables en el sector de la inversión pública nacional. Por el contrario, señaló «indicios más alentadores en provincias que reactivan con recursos propios, en municipios que apuestan a la infraestructura básica, y en sectores privados como la minería, la energía y la agroindustria, que comienzan a demandar obras». De todos modos, el proceso que menciona no sería rápido.

En definitiva, la situación actual del sector sigue siendo grave, más allá de pequeños cambios mensuales que pueden deberse a factores estacionales, como lluvias o feriados. Más del 90 % de las obras públicas nacionales fueron suspendidas, se perdieron decenas de miles de puestos de trabajo, y al mismo tiempo, la inversión privada en infraestructura aún no logra cubrir ese vacío.

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