Recorte de pasajes gratuitos a personas con discapacidad en Corrientes: concejales y vecinos piden informes a Tassano
El municipio de Corrientes, bajo la gestión del intendente Eduardo Tassano, enfrenta un fuerte reclamo por la reducción en los pasajes gratuitos para personas con discapacidad y sus acompañantes. La medida, que aparentemente replica una decisión del Gobierno nacional, generó indignación y llevó a la presentación de un pedido de informes por parte de concejales de Unión por la Patria y algunos ediles oficialistas.
De acuerdo a la información a la que accedió NEA HOY, en febrero se tomó conocimiento del recorte en la cantidad de pasajes gratuitos para personas con discapacidad y sus acompañantes, lo que generó una gran movilización de familiares, prestadores de salud y organizaciones del sector. Como respuesta, el municipio se comprometió a revisar la decisión, pero la incertidumbre sobre el trasfondo de la medida persiste.
La concejal de Unión por la Patria, Magdalena Duarte, destacó que más allá de la Ley Nacional de Discapacidad, que garantiza la gratuidad en el transporte, en la ciudad de Corrientes existen dos ordenanzas locales que reafirman este derecho. Una de ellas es la N.º 5.089, que estipula que el pase libre para personas con discapacidad y sus acompañantes no debe estar sujeto a restricciones en cuanto a días o cantidad de viajes.
Sin embargo, la reciente decisión municipal impide el uso de estos pasajes los días domingos, afectando directamente a quienes dependen del transporte público para su movilidad y recreación.
¿Por qué el municipio tomó esta medida contra las personas con discapacidad?
Uno de los principales interrogantes es el motivo detrás de la decisión. Duarte enfatizó que, en este caso, no se trata de un subsidio que el municipio deba financiar con fondos propios. «No hay ninguna disposición que indique que el municipio debe cubrir estos pasajes con recursos de la Nación o de las arcas municipales. Lo único que establecen las normativas es que las personas beneficiarias están exentas del costo del pasaje», explicó.
La concejal remarcó que la pregunta central es clara: «Si el municipio no tiene que afrontar un costo extra para trasladar a personas con discapacidad, ¿por qué accedió a aplicar esta medida?».
Si bien el municipio corrigió parcialmente la decisión al duplicar la cantidad de pasajes otorgados a los acompañantes (de dos a cuatro por día), el recorte sigue vigente. Duarte insistió en que no hay justificación para no mantener el beneficio sin restricciones, tal como lo establecen las ordenanzas vigentes.
El municipio argumentó «uso irregular»
Desde el oficialismo se han deslizado versiones sobre un supuesto mal uso de los pases gratuitos, sugiriendo que algunas personas que no tienen discapacidad los estarían utilizando de manera fraudulenta. Sin embargo, la edil de Unión por la Patria rechazó esta justificación y señaló que, en todo caso, el camino correcto hubiera sido realizar auditorías y controles sobre la entrega de los pases, en lugar de imponer una medida que perjudica a quienes realmente necesitan este derecho.
El pedido de informes fue presentado formalmente, con el apoyo de concejales del oficialismo. Según Duarte, en la regulación actual no se establece que el municipio deba destinar fondos adicionales para cubrir estos pasajes, como sí sucede con el boleto estudiantil gratuito o el boleto para mayores de 70 años, donde la Municipalidad aporta el 50% del costo. En el caso de las personas con discapacidad, este gasto no recae sobre el municipio, lo que hace aún más injustificada la medida.
¿Un problema de recursos o de voluntad política?
Otro punto clave es el destino de los fondos provenientes de la tarifa plana del transporte público. De acuerdo con el contrato vigente entre el municipio y las empresas de colectivos, estos ingresos deberían destinarse a subvencionar los pasajes gratuitos para personas con discapacidad. «Si esto es así, no hay razón para que se imponga un recorte», cuestionó Duarte.
Para la edil, la decisión responde más a una falta de voluntad política que a un problema económico. «Creo que faltó voluntad para encontrar una solución alternativa que no afectara a este sector. No hubo intención por parte de la Secretaría de Movilidad Urbana de buscar otra manera de resolver esta situación más allá de los recortes», afirmó.
Además, recordó que el año pasado el boleto de colectivo en Corrientes aumentó cinco veces, en parte debido a la quita de subsidios nacionales, pero insistió en que la decisión municipal no puede justificarse solo en ese contexto.
Mientras el municipio no brinde respuestas claras sobre el trasfondo de esta medida, las personas con discapacidad y sus familias siguen en vilo. La restricción en el acceso al transporte no solo limita su movilidad, sino que también vulnera derechos adquiridos que están respaldados por normativas locales y nacionales.
El debate sigue abierto, pero la presión de los concejales opositores y oficialistas busca que el intendente Eduardo Tassano y su equipo expliquen por qué tomaron una decisión que, hasta ahora, parece más arbitraria que justificada.
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