El Comité para la Prevención de la Tortura denuncia nuevos casos de violencia institucional.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco recibió nuevas denuncias de vecinos de la localidad de Taco Pozo por una serie de abusos policiales que tienen como responsables al personal de la comisaría de esa localidad, principalmente al comisario, Daniel Melchiori quien, a pesar de las acusaciones, continúa al frente de esa unidad.
El organismo ya había intervenido en noviembre y diciembre del año pasado, cuando logró que el juez Correccional N° 2 de Sáenz Peña, Carlos Augusto de Césare, otorgara un hábeas corpus colectivo. Sin embargo, un mes después el magistrado revirtió su decisión y rechazó la medida, argumentando que no existía una amenaza actual contra la libertad de los ciudadanos. Desde entonces, su accionarse mantiene intacto.
Sin embargo se denunciaron dos nuevos casos en febrero. El 12 de ese mes, un niño de 13 años fue detenido y golpeado por el propio Melchiori, según denunció su madre ante el Comité. Al día siguiente, su hermano, de 29 años sufrió la misma violencia. El médico del hospital local se había negado a realizar un examen médico que constatara las lesiones de su hijo tras recuperar la libertad. Según el testimonio de la madre, el profesional de la salud tampoco quiso entregar un informe sobre el estado del joven.
El intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez se sumó a los reclamos y pidió la intervención del Comité ante los casos de abusos. Entre las denuncias se repiten testimonios sobre golpes, torturas, amenazas y el uso indiscriminado de postas de goma y gas pimienta, incluso en presencia de niños.
Otro caso se registró cuando un bebé de tres meses resultó afectado por el gas arrojado por la policía. Luego de esto, la fiscal de Derechos Humanos de Sáenz Peña, Silvia Slusar abrió dos expedientes judiciales. También solicitó una intervención en el hospital para garantizar la atención a las víctimas. Mientras tanto, el Comité reclama ante el Órgano de Control Institucional y exige la remoción de los implicados.
«Vamos a avanzar en las acciones necesarias para que cese la brutalidad policial contra los habitantes de Taco Pozo», aseguró la presidenta del Comité, Bashé Charole. Con dureza, calificó de «cobardes» a los uniformados acusados de maltratar a las infancias y señaló como «vergonzosa» la situación de violencia institucional. También criticó al juez De Césare por dar marcha atrás en su fallo: «Esto no es lo que la sociedad espera de nuestros magistrados».
