La problemática de los denominados wheeleros, grupos de motociclistas que realizan maniobras peligrosas y picadas ilegales en la vía pública, escaló en las últimas semanas a un nivel de conflicto que obligó a las autoridades provinciales a reforzar controles, endurecer el discurso y avanzar en medidas que buscan frenar una práctica que ya dejó heridos, enfrentamientos y decenas de vehículos secuestrados.
En paralelo, desde el sector privado surgieron propuestas que plantearon la necesidad de un abordaje integral que no se limite a la sanción, sino que incluya prevención, educación y contención social.
El epicentro de los incidentes más recientes fue Sáenz Peña. Durante el primer fin de semana de abril, un operativo de control rutinario derivó en un enfrentamiento violento cuando cientos de motociclistas intentaron romper el cerco policial.
El saldo fue alarmante: un inspector municipal resultó herido tras ser embestido intencionalmente por un conductor que intentaba fugarse, y varios móviles policiales terminaron con cristales rotos debido a una lluvia de piedras lanzada por los jóvenes.
La Policía respondió con el secuestro de 40 motocicletas y la detención de varios implicados, algunos de ellos portando estupefacientes.
TOLERANCIA CERO
Frente a este escenario, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, ratificó el endurecimiento de la estrategia. «Sabemos dónde se juntan y cómo se organizan por WhatsApp y redes sociales. No vamos a permitir que las calles sigan siendo tierra de nadie», sostuvo, al tiempo que confirmó la implementación de operativos de inteligencia preventiva para dispersar concentraciones antes de que se conviertan en picadas o exhibiciones de destreza riesgosa.
La respuesta oficial se enmarcó en una política de «tolerancia cero», con despliegues en horarios nocturnos y durante los fines de semana, especialmente en avenidas y sectores donde habitualmente se concentran estos grupos.
Los controles incluyen verificación de documentación, uso de casco, estado de los vehículos y detección de escapes antirreglamentarios, un elemento frecuentemente asociado a estas prácticas.
PROGRAMA INTEGRAL
Por su parte desde la empresa Movilidad Ejecutiva Urbana (MEU) manifestaron su preocupación ante el crecimiento de estas prácticas que «ponen en riesgo la seguridad de peatones, automovilistas y de los propios conductores».
Frente a esta situación, consideran necesario avanzar en un plan integral de seguridad vial que permita reducir este tipo de conductas peligrosas en las calles, especialmente en ciudades como Resistencia y Sáenz Peña, donde el uso de motocicletas es una herramienta fundamental de movilidad urbana y de trabajo.
Desde la empresa se propusieron una serie de medidas que podrían contribuir a una solución efectiva del problema entre ellas se enumeraron:
-La identificación de zonas críticas con un mapa de las avenidas y sectores donde habitualmente se concentran grupos de motociclistas que realizan maniobras peligrosas, con el objetivo de implementar controles específicos en esos lugares.
-Implementar operativos móviles en horarios nocturnos y fines de semana, verificando documentación, uso de casco, estado de la motocicleta y evitando maniobras temerarias en la vía pública.
-Secuestro inmediato de motocicletas en casos de conducción peligrosa.
-Aplicar sanciones firmes ante maniobras peligrosas, incluyendo el secuestro del vehículo, multas y suspensión de licencias en casos de reincidencia.
-Intensificar controles sobre motocicletas con escapes modificados o ruidos excesivos, que suelen estar asociados a este tipo de prácticas.
-Utilizar sistemas de cámaras y monitoreo para detectar concentraciones de motocicletas y actuar preventivamente antes de que se generen situaciones de riesgo.
-Promover cursos y campañas de concienciación dirigidas principalmente a jóvenes motociclistas, fomentando una conducción responsable.
-Creación de espacios deportivos controlados.
-Analizar la posibilidad de habilitar espacios seguros y regulados donde quienes practican acrobacias o actividades deportivas con motocicletas puedan hacerlo sin poner en riesgo a terceros.
También consideran importante destacar que la problemática de los wheeleros no puede resolverse únicamente mediante sanciones o medidas punitivas. «Si bien el control y el cumplimiento de la ley son necesarios, resulta fundamental acompañar estas acciones con políticas de prevención, educación vial y espacios de contención para los jóvenes, que permitan canalizar de manera positiva el interés por las motocicletas y evitar conductas de riesgo en la vía pública», señaló el referente de la empresa, Fabio Zerpa.
Asimismo, recordó que la motocicleta representa una herramienta de trabajo y movilidad para miles de personas, por lo que es necesario diferenciar claramente a los conductores responsables de aquellos que utilizan la vía pública para realizar maniobras peligrosas.
Finalmente, MEU consideró que la solución debe surgir de un trabajo conjunto entre municipios, autoridades provinciales, fuerzas de seguridad y la comunidad, con el objetivo de construir ciudades más seguras, ordenadas y con una convivencia vial responsable.
REFORMAS JUDICIALES
Si bien el fenómeno de los wheeleros no es nuevo en la provincia, en los últimos meses mostró una mayor visibilidad y niveles de violencia.
Es por esto que el gobierno provincial avanza con el diseño de operativos y evalúa reformas judiciales para endurecer las penas, distintos sectores advirtieron sobre la necesidad de abordar las causas estructurales del fenómeno con una modificación judicial
El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el intendente de Sáenz Peña y el jefe de la Policía se reunieron en el Centro de Monitoreo de Sáenz Peña para definir un esquema de intervención temprana de cara al fin de semana, con el objetivo de impedir la concentración de wheeleros.
A través del uso de cámaras y patrullajes estratégicos, buscan anticiparse a estas maniobras peligrosas y garantizar la tranquilidad de los vecinos.
En paralelo, informaron que avanzan en gestiones para impulsar reformas judiciales que permitan endurecer las sanciones frente a la reincidencia y dar mayor respaldo legal a los operativos.
Asimismo, analizan mejoras en infraestructura policial, con la creación de sedes propias para fortalecer la presencia territorial y la prevención en puntos clave de la ciudad.
Entre las medidas en análisis, se mencionó la posibilidad de modificar el marco legal para que las maniobras peligrosas dejen de ser consideradas simples contravenciones y pasen a encuadrarse como delitos con sanciones más severas.
También se evaluó la inhabilitación permanente para conducir en casos de reincidencia y la responsabilidad civil de los padres cuando los involucrados sean menores de edad.
Estas iniciativas, según trascendió, buscan dar respuesta a un vacío legal que dificulta la intervención de la Justicia en este tipo de casos. «Se trata de conductas que ponen en riesgo la vida de terceros», señalaron fuentes vinculadas al debate, al justificar la necesidad de un cambio normativo.
Aclaran los límites de peso para el transporte de pasajeros en motocicletas
La empresa Movilidad Ejecutiva Urbana (MEU) informa a la comunidad y a los usuarios del servicio de transporte en motocicleta que existen normas vigentes en materia de seguridad vial que deben ser respetadas tanto por los conductores como por los pasajeros.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito 24.449, el transporte de personas en motocicletas debe realizarse respetando las condiciones de seguridad y la capacidad para la cual el vehículo fue diseñado y homologado.
En este sentido, es importante aclarar que cada fabricante de motocicletas establece un peso máximo de carga para garantizar la estabilidad, el correcto funcionamiento del vehículo y la seguridad de quienes lo utilizan.
En el caso de la mayoría de las motocicletas de 125 cilindradas, la capacidad total de carga -incluyendo conductor, pasajero y cualquier equipaje- suele oscilar entre los 150 y 180 kilogramos, dependiendo del modelo y las especificaciones técnicas del fabricante.
Desde la organización solicitan la comprensión y colaboración de los usuarios, ya que el cumplimiento de estas limitaciones no responde a decisiones arbitrarias, sino a normas de seguridad vial destinadas a prevenir accidentes y proteger la integridad física de pasajeros y conductores.
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