Hay preocupación porque la propuesta, que logró un amplio respaldo del sector empresario, fue girada a una de las comisiones y no hay certezas sobre los tiempos de aprobación. Se teme que el diablo meta la cola, aunque la presión mediática no dejará margen para la manipulación política de los que quieren seguir con un sistema que ha degradado el nivel de la justicia en todos sus niveles. La onda llega a las provincias, en cada una de las cuales «se cuecen habas» en la trastienda.
La falta de transparencia y los tejes y manejes en el proceso previo hace que las ternas que llegan a la consideración de los ejecutivos dejen mucho que desear, acotando el margen de decisión de los gobiernos que deben circunscribirse a los nombres elevados.
El proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces inició su camino dentro del Consejo de la Magistratura al ser girado, como un expediente más, a la Comisión de Reglamentación, la primera parada de muchas.
El tratamiento ordinario que recibió la iniciativa generó malestar entre los impulsores y ni qué decir en la opinión pública, que sigue con atención el trámite. Esperaban una mejor recepción y una mayor agilidad en el trámite. Desde su presentación, el proyecto recibió amplias expresiones de respaldo, ya que limita la incidencia de la política en la elección de jueces y reduce los márgenes de arbitrariedad.
Estas expresiones se dieron desde el mundo del derecho, desde las entidades representativas y de los más respetados hombres de leyes, así como de lo más representativo del arco empresario, que desde hace años viene abogando por la necesidad de hacer realidad la seguridad jurídica, un valor que no logra afianzarse.
La iniciativa fue firmada por dos de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, e introduce modificaciones en distintas instancias del proceso, pero recalibra, especialmente, el peso que tienen las entrevistas personales, una instancia cuestionada que, en palabras de Rosenkrantz, se utiliza para «reescribir el orden de mérito» de los candidatos.
Rosatti, presidente del máximo tribunal, no firmó la acordada, aduciendo que él también preside el Consejo, donde debe debatirse la iniciativa. Sí participó de su presentación, el lunes, en una ceremonia de gran pompa judicial en el Palacio de Tribunales.
La posición de Rosatti es la correcta, aunque cuestionada por quienes no entienden el funcionamiento de la Corte y el Consejo, y que dieron pie a interpretaciones que hablaron de posiciones dispares en la cúpula tribunalicia.
Es que, en su doble carácter de presidente de la Corte y del Consejo -que es quien debe evaluar y resolver respecto a la propuesta-, es obvio que no puede ser juez y parte. Mantenerse al margen de la iniciativa lo habilita para poder votar en esta instancia.
Ello no impide que haya cumplido con el acto protocolar de acompañar la puesta en escena del proyecto, como lo hizo, debiendo recordarse que solo para las cuestiones jurisdiccionales es necesario el voto concurrente de los tres ministros.
En las cuestiones administrativas basta la firma de solo dos, una modificación que se pergeñó antes de la salida del ministro Julio Maqueda cuando, anticipándose a lo que podría plantearse el día después de la ida del cordobés por la situación de enfrentamiento que ponía en veredas opuestas a Lorenzetti con los otros dos ministros, se resolvió un esquema decisorio que ahora se aplicó para habilitar la firma de esta acordada de altísimo voltaje y fuerte trascendencia institucional.
La sorpresa fue que el proyecto, de autoría de Rosenkrantz, fue acompañado por Lorenzetti, en lo que algunos vieron un cambio en la relación de fuerzas dentro del Alto Tribunal, algo que por ahora asoma como prematuro si se interpreta que la no firma de Rosatti no tiene otra interpretación que la incompatibilidad que el propio Rosatti destacó.
Es válido recordar que, en su momento, el dos veces presidente del más alto tribunal de la Nación, Enrique Petracchi, se abstuvo de asumir la titularidad del Consejo porque, a su entender, el carácter de presidente de la Corte le impedía tener un doble rol. Es decir, Petracchi prefería priorizar su rol como cabeza del Poder Judicial ante la eventualidad de tener que juzgar sobre la constitucionalidad de una decisión del Consejo.
El criterio de Rosatti es otro: puesto en la opción de elegir, prioriza su responsabilidad como cabeza del Consejo.
Una asignatura pendiente para la nueva reforma de la Constitución que, entre otras cosas que mal hizo, fue crear un poder bicéfalo que desconoce la primacía absoluta que debe tener la Corte Suprema como cabeza de poder.
El nuevo reglamento apunta a poner nuevos límites al Consejo -donde se inicia elproceso de selección de jueces- para «limitar la injerencia» de la política.
Dispone, por ejemplo, que los concursos se realicen con un banco de preguntas que se corregirá mediante un múltiple choice o que las entrevistas personales solo puedan dar puntos al candidato con un límite del 10%.
«Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados», dijo Rosenkrantz, el lunes, durante la presentación.
Respecto de las entrevistas personales, el ministro sostuvo que son una fuente permanente de queja «en los aspirantes serios» y que alteran el orden de mérito «sin parámetros claros ni límites cuantitativos».
Los caminos
«Si lo dilata (al proyecto de la Corte dentro del Consejo), va a estar deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y, por ende, del Consejo», dijeron respecto a Rosatti en una de las vocalías de la Corte.
El malestar surge porque la acordada de la Corte no recibió un trato especial y ahora la iniciativa podría iniciar una larga peregrinación entre escritorios del Consejo y entremezclarse con otros proyectos similares. «Dependerá de cómo se trabaje en las comisiones», advierte una fuente del órgano respecto a los tiempos, que son inciertos.
Es que el texto deberá tratarse primero en la Comisión de Reglamentación -hay una reunión prevista para el jueves- y luego en la de Selección; recoger allí sus dictámenes para después sí recalar en el pleno del Consejo. Compite junto a otra docena de proyectos orientados en el mismo sentido, que no han logrado grandes avances en el último año.
Formalmente, había al menos dos caminos alternativos al que se tomó: llevar la propuesta directamente al plenario previsto para el próximo 14 de abril y tratarlo «sobre tablas», lo que requiere para su aprobación una mayoría agravada; o buscar darle un dictamen sin retoques profundos en una comisión conjunta, integrada por las de Reglamentación y de Selección.
Ninguna de las alternativas contaba con apoyo suficiente, en parte porque cualquiera de ellas habría sido abrirle la puerta del Consejo de par en par a la Corte. Las mismas fuentes del Consejo, sin embargo, reconocen amplios márgenes de mejora posibles. Es que no solo las entrevistas han quedado ensombrecidas en distintos concursos, sino también los exámenes escritos, cuyo contenido no se publica.
Con todo, resulta improbable que, al final del camino -que llegará más temprano que tarde por la exposición que el tema ha tomado-, difícilmente el Consejo logre modificar una coma al proyecto.
Cobra importancia, en esto, la ponderación social que pone a la Corte como la institución más valorada, con un 48%, mientras que el resto de la Justicia está por el piso y ni qué decir del Consejo, que a través de los años se ha convertido en una estructura elefantiásica en la que se multiplican asesores que van quedando y un funcionamiento con todos los vicios de la vieja y nueva política, que viene mostrando no ser tan distinta.
Source link
