Cobertura médica a 11 familias: abogado anticipa medidas por desacato de Insssep

El abogado laboralista Sebastián Ferreyra Negri sostuvo que el Insssep se encuentra en una situación límite tras el vencimiento del plazo judicial para garantizar la cobertura médica a 11 familias, y advirtió que, de persistir el incumplimiento, avanzará con medidas legales contra los integrantes del directorio, en el marco de un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ordena la atención de diez pacientes en el Hospital Italiano y de uno en un centro de alta complejidad.
El letrado confirmó que el plazo fijado por la Justicia venció a las 9, aunque aclaró que al momento de sus declaraciones no contaba con información completa sobre la respuesta formal del organismo, debido a inconvenientes técnicos que le impidieron acceder al último proveído enviado por vía electrónica.
«Me informaron recién que se agregó un nuevo proveído, me lo enviaron a mi correo electrónico, pero está con un problema técnico y no puedo abrir el archivo», explicó, al tiempo que indicó que ya había solicitado la corrección del inconveniente para conocer el contenido de la respuesta del instituto.
En ese contexto, estimó que el documento podría tratarse de un instrumento administrativo interno orientado a cumplir con la manda judicial, aunque evitó confirmar esa hipótesis ante la falta de acceso efectivo al archivo.
En relación con el acatamiento del fallo, Ferreyra Negri fue categórico respecto de la obligación del organismo de cumplir con la resolución del máximo tribunal provincial. «Me parece que solo un estúpido podría no acatar un fallo superior. No creo que estemos ante ese nivel de estupidez», afirmó.

ADVERTENCIAS LEGALES
Y POSIBLES SANCIONES
El abogado reiteró que, en caso de verificarse un desacato, avanzará con medidas concretas tanto en el plano patrimonial como penal contra los funcionarios responsables, al considerar que la desobediencia a una orden judicial configura un delito.
«Si llega a haber un desacato a ese nivel, sí, voy a pedir el embargo directamente de $50 millones en el sueldo de los miembros del directorio e inmediatamente solicitaré al procurador que instruya al fiscal penal en turno para que ejerza la acción de detención, porque estamos frente a un delito de flagrancia, que es el 239», sostuvo.
En esa línea, explicó que su estrategia jurídica distingue entre el Estado como institución y las personas que lo administran, lo que habilita la posibilidad de accionar directamente sobre los funcionarios en caso de incumplimiento de decisiones judiciales firmes.
Como respaldo de esta postura, recordó antecedentes en los que logró el cumplimiento de sentencias mediante la aplicación de medidas similares. «Como antecedentes, hubo dos casos donde, a mí, en su momento, el exgobernador Pepo no me quiso cumplir una sentencia y solicité un embargo en su sueldo, y a las 24 horas cumplió.
Y otro, en el caso de violencia laboral de mi cliente Daniel Vittel, que no quiso cumplir el gobernador Zdero, y en 24 horas cumplieron», detalló.
Consultado sobre el impacto del fallo en otros casos, relativizó su alcance como precedente automático. «Porque en los números va a seguir ganando la estadística económica, y van a tener que seguir litigando, y cada uno va a tener que ir a litigar y, a partir de ahí, ganar, y así abrir la canilla de a poquito», expresó.

DIMENSIÓN HUMANA
Y ALCANCE DEL FALLO
Ferreyra Negri puso énfasis en el componente humano del proceso judicial, señalando que la demanda se estructuró sobre la base de una «emergencia humanitaria» vinculada a la «violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes», lo que, según indicó, fue reconocido por el tribunal en su sentencia.
«La sentencia tiene como ley fundamental el amor», afirmó, al explicar el enfoque conceptual del planteo, que incluyó un escrito de más de cien páginas acompañado por una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, no fueron debidamente respondidas por el organismo.
En ese sentido, cuestionó los argumentos económicos presentados por la obra social. «El fallo reconoce que las excusas económicas o las excusas de la imposibilidad de pago son excusas absolutamente infantiles», señaló, al referirse a la valoración realizada por el STJ.
El abogado también destacó el trabajo técnico y humano que implicó la elaboración de la demanda, incluyendo la incorporación de material audiovisual como parte de la prueba, en una estrategia que calificó como innovadora en el ámbito provincial. «Fue un trabajo tan meticuloso que, me acuerdo, cuando lo presenté, llamé a la familia y le dije: ‘Ya tenemos la primera victoria. Esto es muy difícil de revertir’», recordó, al subrayar la solidez del planteo jurídico.