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Pérez Pons: «Con esos $10 mil millones se podrían pagar tres meses»

El diputado provincial Santiago Pérez Pons cuestionó con duros términos al gobernador Leandro Zdero, a raíz de la decisión de postergar el proyecto para la construcción de un parque acuático, luego de que se hicieran públicos detalles sobre su avance y la ejecución de fondos.
El legislador opinó que el proyecto no responde a las prioridades urgentes de la provincia en el uso de recursos estatales, luego de que el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, confirmara que el proyecto fue postergado.
Pérez Pons sostuvo que la modificación en la postura oficial responde a la exposición pública del avance de la obra y del gasto ya realizado.
En ese sentido, remarcó: «Primero lo esconden, después lo niegan y ahora dicen que lo postergan. Se mandan al muere solos. Ya hay pagos realizados para esa obra, sin haber evaluado prioridades en una provincia donde sobran urgencias».
El legislador subrayó que la situación pone en evidencia una falta de coherencia entre las decisiones políticas y las necesidades sociales más apremiantes.
En ese sentido, sostuvo que el manejo de los recursos refleja una desconexión entre la agenda gubernamental y las demandas de la ciudadanía, especialmente en un contexto de dificultades económicas y deterioro de servicios esenciales.

CUESTIONAMIENTOS SOBRE PRIORIDADES DE INVERSIÓN
El diputado detalló que el proyecto del parque acuático implica una inversión superior a los $10 mil millones.
«Estamos hablando de una obra que no es urgente, pero para la que ya se destinaron recursos mientras hay escuelas que se caen a pedazos, hospitales sin insumos y trabajadores que siguen perdiendo contra la inflación», sostuvo, subrayando el contraste entre la inversión proyectada y las necesidades sociales vigentes.
El legislador señaló que la asignación de fondos a este tipo de iniciativas pone en discusión el criterio de prioridades adoptado por la administración provincial.
En particular, enfatizó la necesidad de orientar el gasto hacia áreas sensibles como educación, salud y seguridad, que presentan déficits significativos.
Asimismo, indicó que la magnitud de la inversión prevista podría haber permitido atender múltiples demandas simultáneamente.
En ese sentido, planteó que los recursos públicos deben administrarse con criterios de eficiencia y equidad, priorizando el bienestar general por sobre proyectos de menor impacto inmediato.

ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN Y RECLAMOS
Como parte de su posicionamiento, Pérez Pons realizó una intervención en el predio donde se proyecta la obra, con el objetivo de visibilizar la situación ante los vecinos. En el lugar, colocó un cartel de obra improvisado para señalar el destino de los fondos públicos asignados al proyecto.
La acción tuvo como finalidad generar conciencia sobre el uso de los recursos estatales y promover el debate ciudadano en torno a las decisiones de inversión.
El legislador buscó así trasladar la discusión del ámbito institucional al espacio público, involucrando a la comunidad en el análisis de la gestión.
En ese contexto, el diputado expresó: «Acá el gobernador se borró. No lo anuncian, no lo explican, pero avanzan igual. Y cuando quedan expuestos, retroceden sin hacerse cargo».

Tres meses de cláusula gatillo

Pérez Pons remarcó que los fondos destinados al parque acuático podrían haber sido utilizados para atender otras necesidades prioritarias.
Al respecto, señaló: «Con esos $10 mil millones se podrían pagar tres meses de cláusula gatillo, comprar 125 ambulancias, garantizar un año del fondo estímulo y además invertir en escuelas, comisarías y mejores salarios para salud y seguridad».
En ese sentido, el legislador dimensionó el alcance potencial de la inversión en términos de impacto social, contrastando el proyecto cuestionado con alternativas que, según el legislador, tendrían beneficios más inmediatos y extendidos para la población.
El diputado también hizo hincapié en la situación de sectores clave como el sistema de salud y el ámbito educativo, donde, afirmó, persisten déficits estructurales que requieren atención urgente.
Además, se refirió al contexto inflacionario y su impacto en los ingresos de los trabajadores, señalando que la pérdida de poder adquisitivo constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
En este sentido, vinculó la discusión presupuestaria con la situación económica general.

Críticas a la coherencia de la gestión

En otro tramo de sus declaraciones, Pérez Pons cuestionó lo que consideró una contradicción en la postura del gobierno provincial.
En ese sentido, afirmó: «Dicen que lo postergan, pero ya ejecutaron pagos por esta obra. Eso muestra que el problema no es lo que dicen, sino lo que hacen».
El legislador enfatizó sobre la inconsistencia entre el discurso oficial y las acciones concretas en materia de ejecución presupuestaria, remarcando que esta situación genera incertidumbre sobre los criterios de gestión adoptados por el Ejecutivo.
Asimismo, sostuvo: «Viven en una realidad paralela. Nos vienen a hablar de obras cuando hubo más de 1.500 obras y 15 mil trabajadores registrados en el sector. Hoy lo único que muestran es ajuste y prioridades equivocadas. Les quedan 618 días, pero la gente ya está viendo cómo gobiernan».
Finalmente, concluyó: «No es falta de recursos, son las prioridades. Y cuando el gobernador se borra de dar explicaciones, los vecinos tienen derecho a saber en qué se está gastando su plata». Con esta afirmación, reafirmó su reclamo de transparencia y rendición de cuentas.


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