Desde hoy, docentes universitarios de todo el país inician un paro nacional de 72 horas que se extenderá hasta el miércoles 1 de abril, en reclamo por la recomposición salarial y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Teniendo en cuenta el fin de semana largo por los feriados no habrá actividad universitaria durante toda la semana.
La medida fue convocada por federaciones y sindicatos del sector y cuenta con la adhesión de gremios provinciales, entre ellos la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne), que confirmó la suspensión de actividades en el ámbito de la Unne.
La protesta se inscribe en un conflicto que se profundizó en las últimas semanas ante la falta de convocatoria a paritarias y la decisión del gobierno nacional de otorgar aumentos salariales de manera unilateral. Según denunciaron los gremios, los incrementos dispuestos -2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo- quedaron muy por debajo de la inflación acumulada, lo que agravó la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.
En este contexto, las organizaciones sindicales sostuvieron que el paro busca visibilizar la crisis del sistema universitario y exigir el cumplimiento de una ley que, según remarcaron, fue aprobada por el Congreso en 2025 y cuenta con respaldo judicial.
La medida incluye, además de la suspensión de clases, la realización de actividades públicas y jornadas de protesta en distintas universidades del país.
«La convocatoria al paro nacional responde a la necesidad urgente de frenar el deterioro salarial y exigir que se cumpla la ley de financiamiento universitario», sostuvo la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, quien cuestionó la política del Gobierno nacional. «De pagarse este 6,7%, que aún no cobramos, el Ejecutivo quedaría a años luz del 49% necesario para equiparar la inflación», afirmó.
En la misma línea, la dirigente advirtió sobre la situación crítica de los ingresos docentes. «El Gobierno desconoce una ley votada por el Congreso y respaldada por un fallo judicial. Mientras tanto, más del 70% de los docentes universitarios percibe salarios que no alcanzan a cubrir necesidades básicas», señaló.
De acuerdo a informes difundidos por el sector, un ayudante de primera con dedicación simple percibe actualmente poco más de $228 mil, cifra que se ubica muy por debajo de la línea de pobreza. Incluso en los cargos de mayor dedicación horaria, los salarios continúan rezagados frente al costo de vida.
En el Nordeste, la medida tendrá fuerte repercusión con la adhesión de Adiunne. Desde el gremio señalaron que la situación salarial «es insostenible» y denunciaron una deuda acumulada que supera el 50%. «No hay respuestas, no hay convocatoria a paritarias y no hay cumplimiento de la ley de financiamiento universitario», manifestaron desde la organización.
En ese sentido, afirmaron que la política oficial «tiene como objetivo profundizar la crisis salarial y desfinanciar la universidad pública».
Asimismo, remarcaron la importancia del reclamo en términos estructurales. «Cuando se desfinancia la universidad pública se recorta el futuro, se achica la ciencia y se precariza la docencia», sostuvieron, al tiempo que convocaron a la comunidad educativa a sumarse a las acciones de visibilización.
El paro de esta semana no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan de lucha que se viene desarrollando desde comienzos de marzo.
Durante ese período, las medidas de fuerza incluyeron interrupciones parciales del inicio del ciclo lectivo y distintas jornadas de protesta en todo el país.
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) indicaron que el conflicto podría escalar si no hay respuestas por parte del Gobierno. «La contundencia de las medidas responde a una situación salarial insostenible y al malestar creciente de la docencia», señalaron tras un plenario de secretarios generales.
En ese marco, advirtieron que el desarrollo del cuatrimestre podría verse comprometido. «El clima de bronca y hartazgo es generalizado. No se trata solo de percepciones, sino de condiciones materiales concretas que afectan la vida cotidiana de los trabajadores», expresaron.
Entre las problemáticas señaladas, mencionaron el pluriempleo, el endeudamiento y la reducción del consumo como consecuencias directas de la pérdida salarial. «Muchos docentes deben recurrir a múltiples trabajos o incluso endeudarse para cubrir gastos básicos», indicaron.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también se pronunció sobre la situación y declaró la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario. En un comunicado, reclamó la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento y la convocatoria urgente a negociaciones paritarias. «Exigimos el cumplimiento de una norma aprobada por el Congreso y la recomposición de los salarios docentes», señalaron desde el organismo, que nuclea a las autoridades de las universidades públicas del país.
El conflicto, además, tiene un componente institucional relevante, ya que la aplicación de la ley de financiamiento se encuentra judicializada. Según indicaron fuentes del sector, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal tiene en análisis presentaciones que buscan obligar al Ejecutivo a cumplir con la normativa vigente.
En paralelo, las organizaciones gremiales adelantaron que continuarán con las medidas de fuerza y no descartaron nuevas convocatorias si no hay avances en las negociaciones. Entre las acciones previstas, se mencionan nuevas jornadas de paro, movilizaciones y una posible Marcha Federal Universitaria.
Gremios docentes pidieron al Gobierno la urgente convocatoria a la comisión salarial
En medio de un escenario de creciente conflictividad en el sector educativo, los gremios docentes del Chaco solicitaron formalmente al gobernador Leandro Zdero la convocatoria urgente a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, en el marco de la Ley 647 E del Estatuto del Docente y de un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia.
La presentación fue realizada esta semana por las organizaciones sindicales que integran el arco gremial docente provincial, entre ellas Atech, Utre-Ctera, Sadop, Federación Sitech, Amet, UDA y otras entidades del sector, quienes reclamaron la inmediata apertura de una instancia de negociación para abordar la crítica situación salarial.
Según expresaron en el documento elevado al Ejecutivo, la solicitud se sustenta en la sentencia 70/26 del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ordena al gobierno provincial adoptar medidas «con carácter urgente» para garantizar la integridad del salario docente y asegurar una actualización adecuada de las remuneraciones.
En ese sentido, los gremios recordaron que el fallo hace especial hincapié en el artículo 47 de la Ley 647 E, que establece la obligación del Poder Ejecutivo de fijar anualmente el valor del índice salarial docente en el presupuesto, con mecanismos que permitan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.
Asimismo, advirtieron que la interrupción de los mecanismos de actualización salarial -como la denominada cláusula gatillo, vigente hasta comienzos de 2025- resulta incompatible con el principio de intangibilidad del salario consagrado en la Constitución provincial.
«Esperamos una respuesta a la brevedad y con la urgencia que el caso amerita», señalaron desde el arco gremial, al tiempo que remarcaron la necesidad de retomar el diálogo institucional para encauzar el conflicto.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (Atech) ratificó estos planteos durante una reunión provincial realizada con delegados de toda la provincia, donde se definió sostener el reclamo por una urgente recomposición salarial.
Desde el sindicato señalaron que la situación de la docencia «reviste una gravedad extraordinaria», producto del congelamiento de salarios desde abril de 2025 y del impacto de la inflación y el aumento del costo de vida. «La mayoría de los docentes se encuentra por debajo de la línea de pobreza y una franja importante incluso por debajo de la indigencia», sostuvieron desde la entidad, al describir el deterioro de las condiciones económicas del sector.
En ese marco, advirtieron que el incumplimiento del artículo 47 de la Ley 647 E y de la sentencia judicial agrava la crisis y vulnera derechos laborales básicos. «La situación amerita el cumplimiento inmediato de lo que establece la normativa vigente», afirmaron.
Atech también puso el foco en otras problemáticas que atraviesan al sistema educativo provincial, como las deficiencias edilicias en numerosos establecimientos, la falta de resolución de situaciones laborales y las dificultades en el funcionamiento de la obra social Insssep. «Son innumerables las situaciones irresueltas por el Ministerio de Educación que afectan tanto a los docentes como a las condiciones de aprendizaje de los alumnos», remarcaron.
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