En el marco del Día Internacional de los Bosques, la organización ambientalista Greenpeace presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por el incremento de la deforestación en el Norte Argentino durante 2025 y alertó sobre el impacto que esta situación tiene en provincias como el Chaco, donde se registró la pérdida de 38.392 hectáreas de bosque nativo.
La presentación judicial también cuestionó posibles modificaciones a la Ley de Bosques que, según señalaron, facilitarían nuevos desmontes.
De acuerdo al informe difundido por la organización, la superficie total afectada por desmontes e incendios en el norte del país alcanzó las 210.702 hectáreas durante el último año, lo que representa un aumento del 40% respecto a 2024.
En ese contexto, el Chaco se ubicó entre las provincias más afectadas, junto a Santiago del Estero, Salta y Formosa.
Desde Greenpeace sostuvieron que la situación es particularmente preocupante en territorios como el chaqueño, donde la presión sobre los bosques nativos se mantiene constante y donde los ecosistemas cumplen un rol clave tanto en la biodiversidad como en el equilibrio climático regional.
«Frente a este alarmante aumento de la deforestación en el Norte, resulta grave e inconstitucional que desde el gobierno nacional y algunas provincias se proponga la modificación de la Ley de Bosques con el objetivo de permitir aún más desmontes», señalaron desde la organización en su presentación ante el máximo tribunal.
«De aprobarse esta iniciativa, aumentará significativamente la deforestación, ya que solo estarán prohibidos los desmontes en los bosques clasificados en la categoría I, rojo», indicaron y precisaron que esa categoría abarca en promedio apenas el 10% de la superficie de los ordenamientos territoriales en provincias como el Chaco.
La advertencia adquiere especial relevancia en el territorio chaqueño, donde amplias extensiones de bosque nativo se encuentran clasificadas en categorías que permiten distintos grados de intervención.
Para Greenpeace, una flexibilización de la normativa implicaría «abrir la puerta a un avance aún mayor del desmonte» en la región.
Además del impacto ambiental, la organización remarcó las consecuencias sobre la fauna y las comunidades que habitan estos territorios. «Será una condena para el yaguareté, ya que provocará un marcado aumento de la degradación, deforestación y fragmentación de los bosques que habita», sostuvieron.
El señalamiento incluye también a otras especies en peligro que forman parte del ecosistema chaqueño. «También pondrá en serio riesgo a otras especies como el tatú carreta y el pecarí quimilero», agregaron.
El informe presentado ante la Corte hace hincapié, además, en la dimensión social del problema. En el Chaco y en el conjunto del norte argentino, los bosques nativos no solo son reservorios de biodiversidad, sino también territorios donde viven comunidades indígenas.
En ese sentido, Greenpeace subrayó que los desmontes afectan directamente los derechos territoriales de pueblos originarios como qom y mocoví, entre otros. «Deben considerarse los impactos en la cultura y espiritualidad asociados al yaguareté, y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la región», expresaron.
El avance del desmonte, indicaron, no solo implica la pérdida de cobertura forestal, sino también la fragmentación de hábitats y la alteración de formas de vida tradicionales, lo que agrava los conflictos socioambientales en provincias como el Chaco.
La denuncia se dio a conocer en coincidencia con el Día Internacional de los Bosques, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas que se conmemora cada 21 de marzo con el objetivo de concientizar sobre la importancia de estos ecosistemas en la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.
En ese marco, desde Greenpeace remarcaron que Argentina aún se encuentra lejos de cumplir con los compromisos asumidos en materia ambiental a nivel internacional. «Es claro que el país aún está lejos de alcanzar la meta de Deforestación Cero para 2030», indicaron en referencia al acuerdo firmado en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26) en 2021.
La organización también puso el foco en la necesidad de fortalecer, y no debilitar, las herramientas legales existentes. «Las leyes de Bosques y de Glaciares son herramientas fundamentales para proteger ecosistemas frágiles y vitales», afirmó la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
En esa línea, sostuvo que ambas normativas son el resultado de años de lucha del movimiento socioambiental. «Se lograron tras varios años de movilización y deben ser defendidas», expresó.
El planteo abre un nuevo frente de debate en torno a la política ambiental en Argentina, con especial impacto en las provincias del Norte, donde la expansión de la frontera agropecuaria continúa siendo uno de los principales motores de la deforestación.
En el caso del Chaco, el escenario combina presiones productivas, debilidades en los controles y conflictos territoriales, configurando un panorama complejo que, según advierten las organizaciones ambientales, podría agravarse si se modifican las condiciones actuales de protección.
La presentación ante la Corte Suprema busca precisamente frenar ese escenario y visibilizar la situación. Desde Greenpeace señalaron que el incremento de la deforestación no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia sostenida que requiere respuestas urgentes.
Mientras tanto, los datos conocidos en el marco de esta denuncia vuelven a ubicar al Chaco en el centro de la problemática ambiental del país, con cifras que reflejan la magnitud del desafío y la necesidad de políticas más estrictas para preservar uno de los ecosistemas más importantes de la región.
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