Una encuesta de la UBA y el CELS reveló que una enorme mayoría de la sociedad condena al último gobierno militar, pese a los intentos de Milei por resucitar la teoría de los dos demonios. En paralelo, el Gobierno obstaculiza la búsqueda de los nietos apropiados.
Pasaron 50 años. La mayoría de los argentinos vivió toda su vida en democracia. Pasó un presidente como Mauricio Macri, que habló del “curro de los derechos humanos”. Gobierna Javier Milei, que demolió las políticas de memoria, verdad y justicia, y hasta dificulta la búsqueda de los nietos apropiados. Pese a todo, una mayoría abrumadora de la sociedad rechaza a la última dictadura militar y considera que no hubo motivos que justificaran el golpe del 24 de marzo de 1976.
Es la conclusión principal de una encuesta que presentaron ayer el observatorio Pulsar.UBA y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a propósito de los 50 años del último golpe de Estado. El 71% considera que el gobierno militar fue “malo” o “muy malo”, y el 63% afirma que no hubo motivos que justificaran el golpe. La responsabilidad principal del quiebre institucional recae, para la mayoría, en las Juntas Militares.
“Para la mayor parte de la población, el período se explica principalmente como un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos (61%)”, dice el estudio “Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después”, elaborado a partir de una encuesta realizada en octubre de 2025, sobre una muestra de 1136 casos en todo el país. “Sin embargo -se advierte-, un 32% interpreta al gobierno militar como ‘una lucha contra el terrorismo en la que pudo haber excesos’, lo que muestra que, si bien existe un consenso condenatorio claro, persisten zonas de ambigüedad en la interpretación del período.”
El estudio muestra que las políticas de memoria, verdad y justicia funcionaron. La mayoría de los encuestados dice haberse informado sobre la dictadura en la escuela, la universidad o en conversaciones familiares. “Otro de los hallazgos más relevantes es que, medio siglo después, el lenguaje de los derechos humanos sigue estructurando la manera en que la sociedad argentina nombra y comprende la dictadura. Las categorías de “desaparición”, “represión”, “violación de derechos” y “plan sistemático” forman parte del sentido común democrático, dice el estudio de la UBA y el CELS. Otro dato fuerte: siete de cada diez consultados se manifestaron de acuerdo con que el Estado siga juzgando a los militares.
Milei obstaculiza la búsqueda de los nietos
El estudio parece indicar también que la batalla cultural de Milei en este terreno fracasó. El presidente avanzó desde el primer día de gestión en una destrucción sistemática de las políticas de memoria, verdad y justicia construidas desde 1983. El retroceso llega a tal punto que el Gobierno obstaculiza la búsqueda de los nietos. Se calcula que son más de 300 hijos de desaparecidos a los que se les sustrajo su identidad y que todavía no fueron encontrados por las Abuelas de Plaza de Mayo.
La tarea de Abuelas, que permitió recuperar a 140 nietos, contó hasta diciembre de 2023 con la asistencia indispensable del Estado Nacional. Pero por medio de decretos y resoluciones administrativas, el Gobierno redujo al mínimo la colaboración e incluso dificultó el trabajo de la organización que preside Estela de Carlotto, contra la que lanzó una campaña de desprestigio y desfinanciamiento.
Desde que llegó Milei a la Casa Rosada se debilitaron con despidos y quita de facultades todas las agencias estatales orientadas a la búsqueda, se restringió el acceso a documentación relevante en poder de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y se limitaron los análisis genéticos de quienes dudan de su identidad y residen en el exterior. Pese a esos obstáculos, en lo que va del gobierno libertario se encontraron tres nietos.
“Uno de los principales problemas se deriva de la decisión, de agosto de 2024, de cerrar por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI) que trabajó en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal durante 20 años”, dice un informe del CELS titulado “Bajo Asedio”, en el que se detalla la destrucción de las políticas de memoria, verdad y justicia.
La UEI funcionaba bajo la órbita de la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad (CoNaDi) y tenía facultades específicas como instancia prejudicial para investigar y analizar documentación en casos de apropiación. Contaba además con la potestad de acceder a archivos de organismos del Poder Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas y de seguridad y de organismos registrales, y de requerirles directamente informaciones, testimonios y documentos. La CoNaDi perdió un 40% de sus empleados desde diciembre de 2023. A las 30 personas que quedaron se les redujo el salario entre un 20% y un 70%.
Incluso antes del cierre de la UEI, los ministerios de Seguridad y de Defensa, entonces a cargo de Patricia Bullrich y de Luis Petri, se negaron a proporcionar los registros de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y las fuerzas de seguridad en los casos administrativos que investigan el destino de los niños robados. Se sabe, buena parte de los apropiadores eran militares o policías. Hoy, por decisión del gobierno nacional, no existe ninguna oficina de la administración pública con facultades legales para acceder a la documentación de las Fuerzas Armadas.
La obstaculización en la búsqueda de los nietos se ejecutó también por medio del debilitamiento de otro organismo clave: el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), al que Milei intentó quitar su autonomía funcional por un decreto luego derogado por el Congreso. En el BNDG se encuentran las muestras biológicas de los familiares que buscan a niños y desaparecidos por el terrorismo de Estado, y de todos aquellos que sospechan ser hijos de desaparecidos.
“El Banco está funcionando con un presupuesto insuficiente ya que se mantuvo el de 2024, que replicaba el de 2023. En el transcurso de 2025, permaneció varias semanas acéfalo y todos los trámites de los análisis genéticos estuvieron paralizados -advirtió el CELS-. El cargo del subdirector técnico está vacante desde enero. Esta situación fue subsanada parcialmente con la prórroga retroactiva de la designación como presidenta de Mariana Herrera Piñero hasta tanto se realice un concurso público de oposición y antecedentes, que no ha sido convocado.”
Fuente: El Destape
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