UTA alerta por la posible salida de una empresa del sistema urbano de transporte

El sistema de transporte público de pasajeros en el área metropolitana del Gran Resistencia atraviesa una situación crítica marcada por dificultades financieras, retrasos salariales y la incertidumbre sobre la continuidad de algunas empresas prestatarias del servicio. Así lo advirtió el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, Raúl Abraham, quien alertó sobre el riesgo concreto de que algunas líneas dejen de operar en caso de concretarse la salida de la empresa ERSA, uno de los principales operadores del sistema en la capital provincial y su entorno urbano.
El dirigente sindical sostuvo que el servicio continúa funcionando gracias al esfuerzo sostenido de los trabajadores, pese a las dificultades que enfrentan para percibir sus salarios en tiempo y forma. En ese sentido, afirmó que la continuidad del transporte depende actualmente de la voluntad de los choferes de mantener la actividad pese a las condiciones adversas. «Todo lo que se está manteniendo hoy en el sistema es gracias al esfuerzo de los trabajadores. Si hiciéramos paro de manera contundente no quedaría ninguna empresa», aseguró.
La advertencia se produce en un contexto de reiterados conflictos laborales derivados de atrasos en los pagos. Abraham explicó que, aunque existía un compromiso empresarial de cancelar una parte del salario correspondiente a la primera quincena, finalmente las compañías informaron que no podían cumplir con ese monto completo. En su lugar, indicaron que entregarían una suma menor a cuenta, lo que refleja las dificultades financieras que enfrentan para sostener el servicio.
Según detalló el dirigente, el acuerdo inicial contemplaba el pago del cincuenta por ciento del salario en el cuarto día hábil del mes, pero la situación derivó en un pago parcial que apenas cubrió una fracción de ese monto. De acuerdo con su explicación, las empresas confirmaron la entrega de aproximadamente 300.000 pesos a cuenta, cifra que representa solo una parte del compromiso original. Esta situación, explicó, implica que los trabajadores recibieron una proporción significativamente menor de sus ingresos habituales.

EL IMPACTO DE LOS
ATRASOS SALARIALES
El secretario general de la UTA Chaco explicó que la problemática salarial se arrastra desde hace tiempo y que el gremio ha concentrado sus gestiones en garantizar al menos el cumplimiento del pago del salario básico. Según indicó, el sindicato ha debido relegar otras discusiones laborales para priorizar el cobro de los sueldos en un contexto de creciente fragilidad del sistema de transporte.
Abraham señaló que los trabajadores atraviesan una situación económica cada vez más difícil debido a los retrasos en los pagos. Según describió, muchos choferes enfrentan dificultades para afrontar gastos cotidianos, lo que genera un impacto directo en la economía familiar. «Los trabajadores no aguantan más, no soportan más todo esto», afirmó al referirse al estado de ánimo dentro del sector.
El dirigente explicó que el problema no se limita a la demora en los salarios, sino que genera un efecto en cadena que afecta a distintos sectores de la economía cotidiana. Cuando los sueldos se pagan fuera de término, los trabajadores acumulan recargos e intereses en sus obligaciones financieras y en el pago de servicios, lo que deteriora aún más su situación económica.
Además, destacó que el retraso salarial altera la dinámica económica de los barrios en los que viven los choferes. Al no contar con ingresos regulares, muchos recurren al crédito informal o a la compra fiada, lo que genera una cadena de deudas difícil de sostener. Según Abraham, esta situación termina afectando a comerciantes y proveedores que dependen del consumo de los trabajadores.
El sindicalista también recordó que los salarios del sector han perdido poder adquisitivo en relación con otras regiones del país. Indicó que, históricamente, los sueldos del interior mantenían una referencia con los del Área Metropolitana de Buenos Aires, pero actualmente existe una brecha creciente que agrava el escenario laboral de los choferes chaqueños.

Cambios en la movilidad

Abraham también se refirió al rol que deberían cumplir los gobiernos provincial y municipal en la sostenibilidad del sistema de transporte público. En su opinión, el Estado debe asumir una mayor responsabilidad para garantizar la continuidad del servicio, especialmente en contextos económicos adversos.
El dirigente sostuvo que el transporte público cumple una función social esencial al permitir el desplazamiento de trabajadores, estudiantes y sectores de menores ingresos. En ese sentido, consideró que las autoridades deberían implementar políticas que permitan mantener tarifas accesibles sin trasladar completamente los costos a los usuarios.
Abraham mencionó que otras provincias han aplicado esquemas de subsidios o intervenciones estatales para sostener el sistema. Señaló que en distritos como San Juan, Tucumán o Salta los gobiernos provinciales han implementado medidas destinadas a equilibrar los costos del transporte y evitar aumentos excesivos en el precio del boleto. El sindicalista también expresó preocupación por el crecimiento de las aplicaciones de transporte privado, como Uber o Didi, que operan mediante plataformas digitales. Según planteó, estas modalidades compiten con el sistema de transporte público sin estar sometidas a las mismas regulaciones ni obligaciones.

Un problema grave

Uno de los factores que incrementa la incertidumbre en el sistema es la posible salida de la empresa ERSA del servicio en el Gran Resistencia. Abraham explicó que la compañía administra actualmente alrededor de cuatro líneas urbanas y emplea aproximadamente a 230 trabajadores, lo que convierte su eventual retiro en un problema de gran magnitud para el sector.
El dirigente gremial señaló que la eventual retirada de la empresa podría dejar sin trabajo a cientos de choferes si no se establece un mecanismo de transición que garantice la continuidad laboral. En ese sentido, expresó su preocupación por la falta de definiciones concretas sobre quién podría hacerse cargo de los recorridos que actualmente opera la compañía.
Abraham indicó que desde el sindicato han planteado la necesidad de convocar a una mesa de diálogo entre empresarios, autoridades y representantes de los trabajadores para analizar posibles alternativas antes de que se cumpla el plazo anunciado para la salida de la empresa. Según explicó, el objetivo es encontrar una solución antes del 30 de abril, fecha señalada como límite para la situación actual.
El dirigente enfatizó que el problema no afecta únicamente a los trabajadores, sino también a sus familias y a la comunidad que depende del transporte público. «Acá no son solo los trabajadores, atrás está la familia», sostuvo al referirse a las consecuencias sociales que podría generar el cierre o la retirada de una empresa de transporte.
En ese contexto, Abraham planteó la posibilidad de que empresas locales puedan asumir la prestación del servicio si se concreta la salida de ERSA. Según expresó, considera necesario promover la participación de compañías del propio ámbito provincial, ya que estas tendrían un mayor compromiso con la continuidad del sistema y con la preservación de los puestos de trabajo.

ANTECEDENTES EN OTRAS PROVINCIAS
El secretario general de la UTA Chaco mencionó antecedentes registrados en otras provincias que reflejan las dificultades que pueden surgir cuando una empresa abandona la prestación del servicio. Uno de los casos citados fue el ocurrido en Formosa con la empresa Cruz del Sur, que dejó de operar y generó una prolongada interrupción del transporte público.
Según relató Abraham, tras la salida de la empresa, la ciudad permaneció durante varios meses sin servicio hasta que la municipalidad decidió intervenir para restablecerlo. La solución implementada consistió en la adquisición de una flota inicial de colectivos nuevos, aunque en cantidad insuficiente para cubrir la totalidad de los recorridos.
El dirigente explicó que en ese caso la nueva estructura del servicio no absorbió a la mayoría de los trabajadores que habían quedado sin empleo tras la salida de la empresa anterior. En lugar de reincorporarlos bajo las mismas condiciones laborales, muchos fueron contratados bajo modalidades distintas o directamente excluidos del nuevo esquema.
También mencionó una situación similar ocurrida en la ciudad de Paraná, donde una nueva empresa asumió la prestación del servicio tras un proceso de licitación. Según Abraham, en ese caso tampoco se garantizó inicialmente la incorporación de los trabajadores que pertenecían a las compañías salientes, lo que derivó en conflictos judiciales.