La jueza del ‘caso Supercopa’ investiga a un ex alto cargo de la Junta de Andalucía por presuntos amaños en La Cartuja | Fútbol | Deportes

La causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la gestión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para llevar a Arabia Saudí la Supercopa de fútbol masculina suma dos nuevos investigados. La jueza de Majadahonda ha acordado imputar al ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía José María Arrabal y al gerente de La Cartuja, Daniel Oviedo, por su presunta participación en amaños para las obras del estadio en Sevilla. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que la instructora Delia Rodrigo autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la incautación e intervención de sus “efectos electrónicos, telemáticos o informáticos”.

La titular de la plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda se apoya en un informe de la UCO, al que también ha tenido acceso este periódico, aportado a la causa el pasado febrero. En el oficio, los agentes señalan que Arrabal y Oviedo, en calidad de presidente y gerente de La Cartuja respectivamente, “contribuyeron en las relaciones establecidas” entre la RFEF y la constructora Gruconsa para “la adecuación del estadio” a distintas competiciones deportivas, incluida la Supercopa.

La jueza destaca “la proximidad temporal con los hechos investigados” y “la adquisición de bienes inmuebles” por parte de Arrabal y Oviedo “tan solo unos meses después” de la adjudicación a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio La Cartuja para la Eurocopa. En concreto, señala que Arrabal —junto a su mujer— adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros, mientras que Oviedo se hizo en noviembre de ese año con un inmueble en Sevilla por 181.000 euros.

La instructora explica que la imputación y el volcado de los dispositivos electrónicos de Arrabal y Oviedo —medidas solicitadas por la UCO— buscan “profundizar” en la participación de ambos “en los hechos investigados” y “determinar el origen de los fondos empleados para la adquisición de sendas viviendas”. En este sentido, autoriza a los agentes de la Guardia Civil a descargar comunicaciones privadas (en chats de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, o redes sociales como Facebook o Instagram), así como cuentas de correo electrónico, personal o profesional, “que puedan estar relacionadas, tanto con las personas, como con las sociedades relacionadas con los hechos investigados”. También autoriza “la incautación de las monedas virtuales y cualquier otro criptoactivo” que fueran hallados en los posibles monederos virtuales de los investigados.

Estas imputaciones tienen lugar en el marco de la causa en la que se investigan “los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquél país del evento deportivo de la Supercopa de España”. “Dichos beneficios podrían haber favorecido, presuntamente, a Luis Rubiales (expresidente de la RFEF) y a otros directivos y empleados de la Federación, así como a determinados colaboradores externos, en relación con la posible concesión de terrenos en el país árabe vinculados a la explotación hotelera”, recuerda la jueza.

Durante las pesquisas, los investigadores han encontrado “pagos” de la RFEF a varias empresas, entre ellas Gruconsa. Ahora, la UCO sostiene que “una de las relaciones contractuales más relevantes” entre la constructora y la Federación se desarrolló como resultado de la celebración, en La Cartuja, de cuatro partidos de la fase final de la Eurocopa. Asimismo, subraya que el consejo de administración del estadio presentó ante la Junta de Andalucía en 2021 una “solicitud de subvención excepcional” por razón de interés público y social». El 4 de mayo de ese año, la Consejería de Educación y Deportes del gobierno andaluz autorizó el pago de 4.956.000 euros. Dos días después, La Cartuja firmó el contrato con la UEFA.

La jueza incide en que el informe de la Guardia Civil recoge que el 7 de mayo de 2021, José María Arrabal firmó en calidad de presidente del consejo de administración de La Cartuja “un documento en el que se detallaban los motivos para la iniciación de diferentes expedientes de contratación de obras, servicios y suministros vinculados tanto al convenio de asistencia técnica y asesoramiento firmado con la RFEF, como a la subvención recibida de la Junta de Andalucía”. En dicho documento se enumeró la relación de trabajos a ejecutar antes del inicio de la competición (15 obras de adecuación y adaptación de las instalaciones y 29 servicios y suministros operativos para la celebración del evento) y se reconoció la necesidad de recurrir por concurso a empresas del sector ante la insuficiencia de medios de La Cartuja para acometer esos trabajos.

Las obras relativas a los sistemas de control de accesos e iluminación quedaron en manos de Gruconsa. La constructora facturó 2.342.143,87 euros (IVA incluido) más 122.434,96 euros (IVA incluido), “todo ello como consecuencia de sus relaciones con la RFEF”. La jueza recalca que estas obras fueron “principalmente gestionadas” entre Tomás González Cueto (investigado en la causa), Arrabal y Oviedo. Y remarca que los trabajos empezaron “sin que hubiera mediado ningún tipo de contrato entre la constructora y la RFEF”.

En este punto, la instructora señala que Arrabal firmó el “convenio marco” que permitió la financiación de las obras en los tornos y el sistema de iluminación del estadio y “el convenio de asesoría técnica con la RFEF para la contratación de expedientes vinculados a la Eurocopa (7 de mayo de 2021) y el acuerdo de inicio de los expedientes de licitación adjudicados a Gruconsa (28 de mayo de 2021), que permitieron realizar las adecuaciones de tematización de la sala de prensa y de la zona deportiva”. En el caso de Oviedo, apunta que “firmó las memorias justificativas de los expedientes licitados (28 de mayo de 2021), así como sus cartas de adjudicación a la constructora (3 de junio de 2021)”.

Para la jueza, “todos estos documentos constituyeron piezas clave en la estrategia de financiación de las obras que permitieron su ejecución por parte de Gruconsa, en connivencia con la RFEF, siendo además coetáneos al desempeño de las propias obras en el estadio”. En el marco de la resolución en la que acuerda estas nuevas imputaciones, la instructora hace un repaso cronológico de las gestiones realizadas por Arrabal y Oviedo y subraya que “no solo participaron en los aspectos organizativos de la operativa, sino que también recibieron novedades sobre el desempeño de las obras en el estadio”.