El diputado provincial del Frente Chaqueño, Santiago Pérez Pons, formuló una denuncia judicial vinculada a presuntas operaciones financieras de riesgo realizadas con fondos del municipio de Sáenz Peña.
La acusación apunta a que dichas inversiones, por las cuales la justicia federal ya realizó allanamientos en la Bolsa de Comercio, en el municipio de Sáenz Peña y en el domicilio de uno de los funcionarios investigados, habrían sido ejecutadas sin respaldo normativo y con la participación directa de los acusados.
Entrevistado por LA VOZ DEL CHACO, Pérez Pons detalló que las operaciones financieras fueron realizadas con fondos municipales mediante instrumentos de riesgo: «Acá se llevaron adelante operaciones de riesgo con fondos municipales, firmadas por el intendente, firmadas por su secretaria de Economía y firmadas por su secretario de Gobierno, Diego Landriscina».
El legislador estimó que el resultado de esas operaciones fue la pérdida de más de $2 mil millones pertenecientes al municipio, de los cuales, hasta el momento, ya se confirmaron perdidos más de $1.800 millones.
«En conclusión, se perdieron más de $2 mil millones; hasta el momento, unos $1.800 millones, pero van a seguir rechazándose cheques en los meses posteriores», indicó.
Pérez Pons remarcó que las operaciones se habrían realizado sin los procedimientos administrativos obligatorios. «Todo esto se hizo sin ordenanza municipal, sin presupuesto y sin aprobación del Tribunal de Cuentas, con un riesgo que las administraciones municipales no pueden tomar», sostuvo, subrayando que la normativa vigente establece que los municipios únicamente pueden colocar fondos en instrumentos financieros de bajo riesgo.
En esa línea, el legislador sostuvo que el Tribunal de Cuentas mantiene criterios restrictivos respecto de las inversiones públicas.
MECANISMO
DE INVERSIÓN
Paralelamente, el diputado provincial explicó que las inversiones cuestionadas comenzaron en 2023 y se extendieron durante los años siguientes.
Según sostuvo, en sus primeros períodos habrían generado ganancias, situación que cambió en 2025 cuando se produjeron pérdidas. «Estas operaciones se llevaron adelante desde 2023, por lo tanto el intendente no podía desconocerlas.
En 2023 ganaron plata con eso, en 2024 también ganaron plata, y en 2025 perdieron. Entonces dicen desconocerlo cuando perdieron, pero no cuando ganaron», manifestó.
El legislador agregó que el nivel de rentabilidad ofrecido por las inversiones era considerablemente superior al de las alternativas financieras tradicionales.
Según explicó, la tasa de interés duplicaba la de un plazo fijo bancario.
Para Pérez Pons remarcó que ese diferencial de rendimiento implicaba un riesgo elevado que debería haber sido advertido por los responsables de la administración municipal.
En ese sentido, sostuvo: «Cuando te pagan mucha tasa de interés es porque el activo en el que estás invirtiendo tiene muchos riesgos».
El diputado comparó el funcionamiento de estas operaciones con una práctica especulativa. «Esto es como jugar a la Poceada para un ciudadano común que no tiene responsabilidad institucional. Es sabido que las probabilidades de perder son muy altas», afirmó remarcando que el mercado financiero refleja el nivel de riesgo mediante la tasa de interés ofrecida.
Para ilustrar esta lógica, agregó un ejemplo concreto sobre la rentabilidad esperada: «Si un plazo fijo te paga por una inversión de $100 millones y esto te paga $210 millones, hay un riesgo inmenso. ¿Por qué te pagan el doble? Porque tiene gran probabilidad de pérdida».
Funcionarios involucrados
En la denuncia presentada ante la justicia, el legislador incluyó a tres funcionarios municipales a quienes atribuye responsabilidad en las decisiones financieras investigadas. «Mi denuncia involucra a tres funcionarios: el intendente Bruno Cipolini, de Presidencia Roque Sáenz Peña; su mejor amigo, secretario de Gobierno y mano derecha, Diego Landriscina; y la secretaria de Economía, Alejandra Quintana», afirmó.
Pérez Pons sostuvo, además, que existía un entramado de relaciones personales y administrativas alrededor de las inversiones cuestionadas.
Según describió, el secretario de Gobierno tenía un rol central en la operatoria financiera. «Diego Landriscina, mejor amigo del intendente, secretario de Gobierno y firmante de la cuenta, autorizado de manera total y en responsabilidad colectiva por el intendente, no solamente administraba cuentas de terceros y tenía clientes privados, sino que manejaba los fondos de la municipalidad», señaló.
El diputado, además, aseguró que el funcionario habría percibido comisiones personales derivadas de estas operaciones financieras.
En ese sentido afirmó: «Y cuanto más invertían y más riesgo tenía la plata del municipio, él cobraba más comisiones. Solamente por las últimas operaciones se llevó $15 millones».
Asimismo, indicó que otros actores vinculados al ámbito municipal también habrían participado como inversores en las operaciones financieras investigadas. «Hay inversores que son todos del entorno municipal: funcionarios públicos, proveedores del Estado, contratistas. Es todo un círculo cerrado», expresó.
El legislador agregó que, según la información que maneja, los fondos perdidos no regresarían de manera inmediata a las arcas municipales.
«No solamente se perdieron los fondos de la municipalidad -y no van a volver-, sino que fue una mentira esto del embargo: esa plata no está en el municipio, está en una cuenta judicial y el proceso puede durar hasta 10 años», afirmó.
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