«El derecho a la educación tiene un garante principal, el Estado nacional»

En medio del renovado debate nacional sobre el financiamiento educativo y en un contexto de conflicto salarial docente en la provincia, el ex ministro de Educación y Cultura del Chaco, docente y escritor Francisco Tete Romero, sostuvo que la actual estructura de financiamiento «es la más desfavorable de las últimas décadas» y advirtió que hoy «son las provincias las que sostienen un sistema que, según la Constitución, tiene como garante principal al Estado nacional».
Romero, en contacto con Radio Natagalá, repasó el proceso histórico de transferencia de servicios educativos desde la Nación a las provincias, cuestionó la reducción del aporte nacional y llamó a recuperar el ámbito institucional de negociación salarial. «Lo que nunca puede faltar es el diálogo. Sin diálogo hay posiciones desencontradas y una sociedad más crispada», afirmó.
La entrevista se dio en el marco de la discusión reabierta a nivel nacional sobre el rol del Estado en el financiamiento educativo y en medio de tensiones entre el gobierno provincial y los gremios docentes por reclamos salariales y eventuales reformas normativas vinculadas a licencias sindicales.

Un cambio estructural
Romero recordó que antes del golpe de Estado de 1976 la relación de financiamiento educativo era marcadamente distinta. «Antes de 1976, la Nación aportaba el 80% del financiamiento total de la educación y las provincias el 20%», explicó.
El exfuncionario señaló que el primer intento de descentralización se produjo durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuando entre 1968 y 1969 se transfirieron 1.180 escuelas primarias a las provincias «sin fondos para sostenerlas». «Se delegó la responsabilidad nacional, que pagaba sueldos, infraestructura, porteros y todo lo que atañe al funcionamiento escolar, a las provincias sin los recursos correspondientes», indicó.
Según detalló, el «gran golpe» al esquema centralizado ocurrió en 1978, cuando se transfirieron a las provincias la totalidad de los jardines de infantes y escuelas primarias nacionales. «En el Chaco eso significó alrededor de 5 mil escuelas primarias», precisó.
Más adelante, durante la presidencia de Carlos Menem, en 1992, se completó el proceso con la transferencia de las escuelas secundarias y los institutos terciarios. «Las provincias pasaron a hacerse cargo del pago de sueldos docentes, directivos, personal auxiliar e infraestructura», recordó.
Romero subrayó que esa transformación modificó radicalmente la ecuación presupuestaria. «Después del 92, la relación se había invertido: las provincias sostenían el 70% del sistema educativo y la Nación el 30%», explicó.

el retroceso actual
El exministro señaló que entre 2006 y 2015, con la Ley de Financiamiento Educativo, se logró revertir parcialmente esa situación. «La Nación pasó a aportar un 40% y las provincias un 60%. Seguía siendo desequilibrado, pero había una mejora», afirmó.
Sin embargo, sostuvo que en la actualidad el esquema volvió a deteriorarse. «Con la configuración presupuestaria actual, distintas estimaciones indican que entre el 83% y el 85% del financiamiento lo ponen las provincias, y apenas entre el 15% y el 17% la Nación», advirtió.
«Estamos en el peor momento de inversión educativa, cuando la reforma constitucional del 94 consagró que el derecho a la educación tiene un garante principal, que es el Estado nacional», sostuvo.
En ese sentido, consideró que no es «natural» que la Nación se desentienda del financiamiento. «Históricamente debía ser de otra manera. Hubo decisiones políticas que modificaron ese esquema», opinó.

Comparaciones internacionales
Romero también comparó el modelo argentino con experiencias de otros países federales. «Brasil hizo un proceso de federalización donde la parte pedagógica depende de los estados, pero existe corresponsabilidad en el financiamiento. No se dejó de aportar para pagar sueldos docentes», explicó.
Asimismo, indicó que en México el esquema es inverso: «Se delega la responsabilidad pedagógica en términos federales, pero económicamente el Estado nacional sostiene el sistema».
También mencionó a Francia y al Reino Unido como ejemplos donde no se produjo una transferencia sin recursos. «No hay ejemplos de una transferencia a las provincias sin ningún tipo de fondos como ocurrió en Argentina», afirmó.
Actualmente, recordó, la estructura nacional ya no tiene a su cargo escuelas obligatorias. «Lo único que quedó bajo la esfera nacional son las universidades», indicó y advirtió que cualquier intento de provincializarlas «sería una locura total».
«Las universidades son parte estratégica de la producción de conocimiento, la ciencia y la investigación. Son públicas y nacionales por definición», remarcó.

El conflicto salarial
Consultado sobre cómo gestionar reclamos salariales en un contexto de restricciones presupuestarias provinciales, Romero sostuvo que la clave está en sostener los ámbitos institucionales de negociación. «Hay una Comisión de Política Salarial y comisiones de trabajo. Puede haber conflicto, pero lo que no debe acontecer es la ruptura del diálogo», afirmó.
El exministro señaló que la política educativa «es un ámbito para enfrentar conflictos a través de la negociación». «A veces te puede salir mal, pero lo que nunca puede pasar es que se produzca una brecha irreversible», dijo.
En esa línea, insistió en la necesidad de convocar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. «Hay que hablar, discutir no solo lo salarial, que es fundamental, sino también las condiciones laborales», sostuvo.
También recordó que la Constitución provincial establece un piso de inversión educativa. «El artículo 83 fija el 33% del presupuesto para educación. Hay obligaciones que deben sostenerse», remarcó.

Licencias gremiales
En relación con la discusión sobre las licencias gremiales y quién debe financiarlas, Romero defendió la vigencia de ese derecho como una conquista histórica. «El Estado debe garantizar los derechos laborales. Una forma de hacerlo es permitir que quienes defienden esos derechos tengan licencia», afirmó.
Si bien reconoció que el debate sobre el financiamiento puede tener una dimensión política y simbólica, advirtió que no deben generarse provocaciones innecesarias. «¿Cómo acercamos posiciones desde las provocaciones?», se preguntó.
«En un momento de crisis y de tanta bronca social, la grandeza de quienes administran el Estado pasa por los gestos», sostuvo.
Romero consideró que, aun cuando no se puedan resolver de inmediato los problemas salariales, es imprescindible sostener el diálogo. «Hoy no podemos resolverlo, sentémonos y fijemos una agenda de corto y mediano plazo. Lo que no se puede es renunciar al diálogo», afirmó.
«Sin diálogo hay posiciones desencontradas. La sociedad necesita vocación de diálogo. Eso es democracia», agregó.

la deserción escolar
Hacia el final de la entrevista, el exministro advirtió que el debate no debería reducirse exclusivamente a la cuestión salarial. «Hay un tema grave que debemos incorporar: la deserción escolar», planteó.
Romero propuso abrir un debate más amplio sobre la escuela secundaria, la capacitación docente y los cambios en las adolescencias actuales. «¿Qué está pasando en la secundaria? ¿Cómo educar hoy en contextos distintos? Me parece que hay un ámbito que no se está utilizando y que hay que recuperar», sostuvo.
En ese sentido, llamó a evitar descalificaciones y adjetivaciones en el debate público. «No tenemos que descalificar al otro. Hay que volver al ámbito institucional de la Comisión de Política Salarial y Condiciones Laborales. Aunque al principio no funcione, va a funcionar. Es el único espacio del diálogo político entre gobierno y sindicatos», concluyó.
En un escenario atravesado por tensiones presupuestarias, reclamos salariales y discusiones sobre el rol del Estado, Romero dejó planteada una advertencia histórica y política: sin financiamiento adecuado y sin diálogo institucional, el sistema educativo corre el riesgo de profundizar sus desigualdades en un momento social especialmente delicado.