La nueva jefa de la misión diplomática de EE.UU. llega a Venezuela para relanzar la relación en la era pos- Maduro

La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela llega este sábado a Caracas, en medio de un proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales, rotas en 2019 por el depuesto Nicolás Maduro.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante una operación el 3 de enero, que incluyó bombardeos a la capital y otras regiones cercanas.

La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez heredó el poder e inmediatamente dio un vuelco a la histórica relación hostil con Washington: cedió control en el petróleo, una exigencia del presidente Donald Trump, pero también anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas.

La embajadora Laura Dogu encabezará la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios.

Dogu tenía previsto llegar al aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en las primeras horas de la tarde.

Maduro rompió relaciones con Washington en 2019, luego de que desconociera su primera reelección el año antes y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por Juan Guaidó.

Fue durante el primer mandato de Trump, que buscó asfixiar a Maduro con un embargo petrolero y otra batería de sanciones económicas, al tiempo que dio a Guaidó acceso a bienes congelados y el control de empresas venezolanas en el extranjero.

Trump perdió la reelección, Maduro perduró y Guaidó terminó en el exilio en Miami.

Washington tampoco reconoció el resultado de la segunda reelección de Maduro en 2024, que la oposición, liderada por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, denunció como un «robo».

Joe Biden era entonces presidente. Trump volvió a la Casa Blanca en 2025 y emprendió una cruzada contra el autócrata chavista, que comenzó con un despliegue naval enorme en el Caribe y culminó con su captura y traslado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida.

Rodríguez cambió el discurso «antiimperialista» de su antecesor al heredar el poder bajo presión de Washington: no quiere el mismo destino, como le advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio.

La nueva relación en general ha sido buena. Rodríguez habla seguido con Rubio y Trump, que la ha calificado de «formidable».

La presidenta impulsó una reforma petrolera que abre la industria a la inversión privada, con el objetivo de atraer capital estadounidense, y avanza con Trump para reanudar los vuelos comerciales entre ambos países, suspendidos igualmente en 2019.

Rubio dijo el miércoles que esperaba restablecer pronto la relación con Caracas.

Dogu fue embajadora de Estados Unidos en Nicaragua y entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en México.

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos John McNamara, quien antecedió a Dogu.

Rodríguez anunció el viernes una amnistía general que abarca los 27 años del chavismo en el poder.

«Pido en nombre de los venezolanos que no se impongan la venganza, la revancha ni el odio», dijo en un discurso ante la Corte Suprema.

Venezuela suma poco más de 700 presos políticos, según la ONG especializada Foro Penal, muchos en el Helicoide, sede de los servicios de inteligencia que ha sido denunciada como centro de torturas por la oposición y activistas de derechos humanos.

Rodríguez ordenó convertirlo en un «centro social, deportivo, cultural y comercial».

«¡Libertad, libertad, libertad!», gritaron familiares de presos políticos apostados frente a este siniestro centro de reclusión en Caracas.

«Es una noticia fabulosa, tengo mi corazón gozante», dijo a la AFP Shirley Rincón, de 55 años, que tiene tres familiares en unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7. Y reclamó la «liberación inmediata» de todos los presos.

La presidenta interina pidió también un «nuevo sistema de justicia» en Venezuela. Organizaciones de derechos humanos y opositores llevan años denunciando al aparato de justicia al señalarlo de corrupción y de favorecer con sus decisiones al chavismo.