La derechización política europea conlleva políticas migratorias más duras, pese a que todos los informes de instituciones internacionales aseguran que sin migrantes Europa estaría perdiendo población y su economía crecería menos y tendría más complicado sostener sus sistemas sociales.
La tendencia política es a copiar lo que piden los partidos de extrema derecha, un juego al que se prestan las fuerzas conservadoras tradicionales y ni siquiera se resisten, salvo excepciones, los gobiernos con partidos socialdemócratas.
Los ministros de Interior de los 27 Estados miembros, salvo el español, Fernando Grande Marlaska, cumplieron el lunes con el objetivo político de endurecer el tratamiento a los migrantes.
Este lunes la Unión Europea, con ese voto en contra únicamente de España, reformó profundamente su sistema de asilo, cambiando cuatro reglamentos que son básicos en la gestión de las solicitudes de asilo. El primero intenta aclarar cómo se deben repartir los gobiernos europeos a los solicitantes de asilo y, cuando no los aceptan, cuánto deben pagar a quiénes sí los acepten. Todo hasta un máximo de 21.000 solicitantes de asilo o 420 millones de euros en ayudas a los países de llegada, principalmente Grecia, Chipre, Italia y España.
Las otras tres reformas son más políticas.
La principal es la legalización de campos de concentración para solicitantes de asilo en países terceros. Se trata de convertir en legal lo que la Italia de Giorgia Meloni hace ahora mismo en Albania, donde construyó un campo de concentración para un máximo de 3.000 personas.
Países Bajos, Grecia y Alemania estudian crear campos similares en países terceros. Todos buscan países en África que los acepten, pero ahora mismo sólo Albania, y sólo para los deportados de Italia, ha aceptado albergar un campo así. Meloni, y la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, que ostenta Dinamarca, ganan la batalla política. Aunque está por ver que esos centros lleguen a ponerse en marcha algún día.
Europa tiene un problema para trasladar sus decisiones a hechos. Desde hace casi dos décadas se constata que sólo se deporta realmente a entre un 20% y un 25% de quienes reciben una orden de expulsión. Principalmente porque sus países de origen se niegan a firmar acuerdos de devolución de sus nacionales con los países europeos. Esa emigración les provee de unas remesas y de unas válvulas de escape al malestar de sus poblaciones que ningún dinero europeo ha sido por ahora capaz de sustituir.
La solución europea pasaría por encerrar en esos centros a quienes no pueden de hecho deportar de vuelta a sus países. También a niños. Y de forma indefinida. Se trata en la práctica de encarcelar sin juicio y sin plazos a quienes no se puede deportar. Ese reglamento también se modifica para castigar con prisión a quien intente evitar su expulsión escondiéndose a las autoridades.
La segunda reforma es la del reglamento de países de origen seguros. Por primera vez la Unión Europea tendrá una lista única de países de origen seguros que utilizarán todos los gobiernos del bloque. Quienes lleguen a Europa desde esos países no verán su solicitud de asilo estudiada en profundidad ni podrán reclamar ante un juez si les es rechazada. Sus solicitudes serán estudiadas con procedimientos acelerados, en frontera, sin derecho a un abogado que los ayude ni a recurso judicial.
Europa establece así, en su territorio, espacios donde su Directiva de Asilo y la Convención de Ginebra de Asilo no se aplican. Espacios de vacío legal donde la máxima autoridad en la deportación de una persona no es un juez, sino un policía. En esa lista se espera que entren países cuyos nacionales sí ven en muchos casos en Europa aceptadas sus solicitudes, como colombianos que puedan demostrar que en su país corren peligro por la violencia de narcos o paramilitares o de personas perseguidas por la dictadura egipcia.
La otra reforma importante es la de países terceros seguros. Si por ejemplo se mete, como todo apunta que será, a Marruecos en esa lista, se podría rechazar la solicitud de asilo de cualquier persona que haya pasado por Marruecos en su viaje hacia Europa alegando que podía haber pedido asilo en Marruecos, un país que en la práctica apenas concede asilo a personas del África negra y donde los procesos judiciales están muy lejos de cumplir con las mínimas garantías procesales. La única excepción es para menores de edad no acompañados.
España se quedó sola en la votación de esos reglamentos. Su ministro dijo que su gobierno tiene “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre el endurecimiento de los procesos de asilo y que los campos de concentración (la Comisión Europea los llama “return hubs” o centros de retorno) tendrán “un impacto negativo” en las relaciones con terceros países.
Source link
