la carrera presidencial sigue sin definirse entre acusaciones y pedidos a mantener la calma

«La prisa es enemiga de la legitimidad». Con esta frase Ana Paola Hall, Consejera Presidenta del Consejo Electoral de Honduras buscó bajar la crispación política que aumentó el jueves ante la falta de resultados de las elecciones presidenciales del domingo y después de que el candidato Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, denunciara supuestas irregularidades en el conteo preliminar.

«Candidatos y candidatas, en momentos como estos, donde el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza», enfatizó Hall en una comparecencia de prensa.

Nasralla que venía liderando el conteo con un puñado de solo miles de votos denunció que el jueves en la madrugada cuando se reinició el escrutinio, su rival Nasry Asfura, del Partido Nacional y apoyado por Trump, pasó al frente.

La acusación de Nasralla, quien ya intentó sin éxito llegar a la Presidencia de Honduras en el 2013 y 2017, desató de inmediato una oleada de llamados a la calma y la prudencia por parte del ente electoral, de dirigentes del Partido Nacional y del sector empresarial, con el objetivo de contener un posible estallido de violencia en un proceso postelectoral marcado por fallos en el sistema de conteo y una creciente desconfianza en los resultados.

La funcionaria del CNE manifestó que los resultados que el Consejo entregue al finalizar el escrutinio del 100% de las actas serán definitivos y rigurosos. Y resaltó que la diferencia de votos es «histórica» debido a lo cerrado de la contienda, lo cual exige una máxima cautela.

Nasralla utilizó sus redes sociales para asegurar que durante la madrugada se había registrado un «apagón» en el sistema y que un «algoritmo» habría modificado la asignación de votos a favor de Asfura, por ello, exigió «investigar» a la empresa responsable del portal de resultados preliminares.

«Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla», detalló el candidato, que además señaló que observadores de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya están al tanto de su denuncia.

Pese a sus señalamientos, Nasralla aclaró que «no» podía hablar de fraude «porque todavía no se ha decantado» todo el proceso de recuento.

Ambos candidatos han estado alternándose en la cima del conteo. Con el 86,65 % de las actas escrutadas, Asfura sumaba 1.117.560 votos (40,25 %) frente a los 1.093.684 sufragios (39,39 %) de Nasralla. La candidata de izquierda del partido Libre, Rixi Moncada, se mantiene en un distante tercer lugar con el 19 % de los votos.

La consejera del CNER Cossette López-Osorio expresó por su parte preocupaciones sobre la transparencia y llamó a la vigilancia:

En días anteriores, denunció públicamente un supuesto intento de boicot contra una conferencia de prensa que debía reanudar la divulgación de resultados, señalando la existencia de presiones internas.

Marlon Ochoa, uno de los consejeros del CNE que responde al oficialismo, fue más allá y denunció un «golpe» y «fraude» electoral atribuido al bipartidismo de derecha y a la «injerencia» de Estados Unidos, señalando que se trata de una «operación coordinada» que busca imponer «una decisión contraria a la voluntad del pueblo.

Por su parte, el Partido Nacional, a través de su candidata a designada presidencial (vicepresidenta), María Antonieta Mejía, rechazó las acusaciones de manipulación y demandó «prudencia» de Nasralla, e instó a que cualquier denuncia sea documentada y presentada ante las autoridades competentes.

La empresa privada de Honduras se sumó a la exhortación, pidiendo «moderación» y que los políticos eviten declaraciones «anticipadas, triunfalistas o que generen confusión», ya que estas solo contribuyen a la «incertidumbre y a la desconfianza, y pueden afectar la paz social».

En medio de la exasperación, un grupo de campesinos se manifestó este jueves frente a la Embajada de Estados Unidos para rechazar el indulto otorgado por Trump al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022, con el Partido Nacional), liberado el lunes tras haber sido condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU.