Derecho a huelga y cepo a las paritarias: el plan de Milei contra el argentino trabajador
El avance del gobierno de Javier Milei sobre los derechos laborales volvió a tener un nuevo capítulo con la publicación del Decreto 340/2025, que redefine el derecho de huelga en Argentina. La Confederación General del Trabajo (CGT) respondió de inmediato: presentó una acción de amparo colectivo ante la justicia laboral para frenar lo que considera un ataque inconstitucional al corazón del sindicalismo.
El decreto, publicado el 22 de mayo en el Boletín Oficial, establece que una larga lista de actividades deberán continuar funcionando durante una huelga con una prestación mínima del 75% si son consideradas “esenciales”, o del 50% si son catalogadas como “de importancia trascendental”. La maniobra, según denuncian las centrales obreras, vacía de contenido el derecho constitucional a la huelga y vulnera tratados internacionales ratificados por el país.
Casi todo es “esencial”
Hasta ahora, de acuerdo con la jurisprudencia local y las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), eran considerados servicios esenciales únicamente aquellos cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Bajo ese criterio, se incluían servicios como la salud, la electricidad o el agua potable.
El Decreto 340/25 rompe ese marco: suma a las telecomunicaciones, la actividad aeronáutica, portuaria, el comercio exterior y toda la educación como actividades esenciales. Por su parte, las actividades “de importancia trascendental” ahora abarcan desde la producción de insumos médicos y el transporte hasta la minería, la logística, el correo, la banca, la agricultura, la hotelería, el comercio electrónico y más. En los hechos, casi toda la economía nacional queda sujeta a restricciones para el ejercicio del derecho a huelga.
1. El derecho de huelga bajo amenaza. Con la excusa de regular la actividad de la marina mercante (DNU 340/25) el gobierno intenta reponer el artículo del DNU 70/23 que limita el ejercicio de huelga para casi todos los trabajadores del país. Veamos
— Luis Campos (@luiscampos76) May 21, 2025
Una estrategia con antecedentes
El plan de La Libertad Avanza no es nuevo. Desde antes de asumir, Javier Milei planteó su intención de avanzar sobre lo que llama “privilegios sindicales”. En su breve paso por la Cámara de Diputados presentó iniciativas para limitar el derecho de huelga y reformar el sistema de representación gremial. Ya como presidente, intentó incluir reformas laborales en el proyecto de Ley Ómnibus, y recurrió al DNU como atajo legislativo.
El nuevo Decreto 340/25, en ese marco, aparece como una reedición del fracasado intento anterior: imponer restricciones por vía ejecutiva, sin debate parlamentario y con una evidente intencionalidad política. No se trata, como sugiere el discurso oficial, de garantizar servicios básicos a la población, sino de disciplinar al movimiento obrero.
La CGT, a la Justicia
En respuesta, la CGT acudió al Juzgado Nacional del Trabajo N°3, a cargo de la jueza Moira Fullana, con una presentación firmada por los abogados Hugo Moyano (h.), Marta Pujadas (UOCRA) y Federico West Ocampo (Sanidad). El documento sostiene que el decreto “es un ataque directo al derecho de huelga” y solicita una medida cautelar para suspender su aplicación de manera inmediata.
Los fundamentos son siete: la inconstitucionalidad del decreto, su carácter regresivo, la afectación a la negociación colectiva, la violación de tratados internacionales, el uso indebido del DNU sin requisitos de urgencia, y el accionar de la CGT como legítima representante del colectivo de trabajadores.
“El Poder Ejecutivo no puede legislar sobre derechos fundamentales sin debate parlamentario”, argumenta el escrito. “Limitar el derecho a huelga debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”.
La presentación judicial replica una estrategia ya probada: en diciembre de 2023, la CGT logró que la Justicia frenara el capítulo laboral del DNU 70/2023, otra avanzada del gobierno libertario que fue declarada inconstitucional.
El gobierno prohibió los aumentos salariales, ayer eliminaron el derecho a huelga, y hoy anunciaron que aumenta 21% el boleto del bondi pic.twitter.com/7WfqsguFMQ
— TUGO News (@TugoNews) May 22, 2025
El contexto: más allá del decreto
La ofensiva contra el derecho a huelga se da en un marco de hostilidad generalizada del gobierno nacional hacia el movimiento obrero. La Secretaría de Trabajo convocó a los gremios estatales para una supuesta negociación paritaria, pero no realizó ninguna oferta salarial. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gobierno dejó vencer la paritaria 2024 sin propuesta, a pesar de la inflación acumulada y del reclamo de un salario mínimo de $1.819.121 para igualar la canasta básica.
En paralelo, el Ejecutivo tampoco homologó el último acuerdo paritario del sector de comercio —uno de los más numerosos del país— a pesar de que fue consensuado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales.
Esa omisión deja a los trabajadores sin garantías legales para exigir el cumplimiento del aumento acordado, y constituye una forma encubierta de intervención estatal contra la negociación colectiva. El gobierno informó que planea no homologar cualquier paritaria que se encuentre por encima del 1% mensual, a pesar de que haya sido fruto de un acuerdo entre privados, es decir, entre los trabajadores y los empresarios del sector.
Al gobierno sigue sin gustarle la paritaria de Comercio. El sindicato le responde firmando un nuevo acuerdo en los mismos términos para la rama Turismo (CCT 547/08): 5,4% en tres cuotas y suma fija de $ 40.000 que se incorpora al básico en tres meses
— Luis Campos (@luiscampos76) May 28, 2025
De esta manera, el gobierno establece un cepo a las paritarias para perjudicar al argentino que trabaja, impidiéndoles acceder a un salario que pueda ser mayor a la inflación. Por otro lado sigue dando beneficios a quienes evaden impuestos como los anuncios de blanqueo.
También en el plano educativo, el gobierno decidió apartarse de la discusión salarial. En lugar de convocar a la paritaria nacional docente, propuso modificar el artículo 10 de la Ley 26.075 para eliminar la participación del Estado nacional en la negociación. La medida fue rechazada por todos los gremios del sector y por la Internacional de la Educación (IE), con sede en Bélgica, calificó el decreto como una “violación grotesca” al derecho de huelga y llamó a la comunidad internacional a solidarizarse con los trabajadores de la educación en Argentina.
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