Ejército en la frontera: ¿guerra contra el narcotráfico o descuido de la soberanía?

Como si fuera una película yankee, las pantallas se llenan de camiones militares, soldados armados hasta los dientes y un despliegue de cámaras digno del finado cine nacional. Pero el enemigo no es un ejército invasor (esos pasaron a conquistar de otra manera) sino el abstracto del narcotráfico. El Gobierno de Javier Milei, con Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa y Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad, acaba de enviar al Ejército Argentino a patrullar la frontera norte bajo el “Operativo Julio A. Roca”, porque había que provocar tanto con el nombre como con la medida.

Una decisión sin debate ni reforma

Uno de los graves problemas del tema es la legalidad de la medida. La Ley de Seguridad Interior (24.059) y la Ley de Defensa Nacional (23.554) dicen que: las Fuerzas Armadas están destinadas a repeler agresiones externas de origen estatal, mientras que las Fuerzas de Seguridad, como Gendarmería o Prefectura, tienen a su cargo el control interno. Pero, Petri insiste en que “los militares siempre pudieron hacerlo” y que la presencia del Ejército en la frontera no implica tareas de seguridad interior, sino de “vigilancia y logística”.

Por supuesto que como siempre que el Ejército se ve involucrado en tareas que no le corresponden, los argentinos encendemos las alarmas, es más, la Defensoría del Pueblo de Formosa denunció que esta medida se trata de “una atribución de funciones de policía de seguridad a los efectivos”, y que esto viola la legislación vigente. “Las intenciones pueden ser buenas, pero lo que corresponde es que el Congreso actualice las leyes, definan claramente las misiones de las FFAA y se eviten errores del pasado”, afirmó el Defensor Leonardo Gialluca.

Cabe destacar, además, que la medida se dio entre gallos y media noche, mediante una resolución reservada, sin intervención del Congreso. Todo fue tan raro que incluso exministros de Defensa calificaron la medida como: “abiertamente irregular”.

¿Y la soberanía?

Lo que llama la atención, también es que mientras defienden el uso de todo el Ejército para ver si atrapan algún distraído con prensado paraguayo, el Gobierno se muestra completamente pasivo ante buques ingleses paseando por aguas argentinas, como paso en febrero. Cuando no se pudo ocultar más esa vejación, el propio Petri minimizó el hecho diciendo que el barco “cumplía funciones logísticas”.

La doble moral se nota a kilómetros, el Gobierno de Milei quiere militarizar el norte argentino en nombre de una seguridad sobreactuada pero naturaliza la presencia británica en el Atlántico Sur, a pesar de que el Reino Unido mantiene una ocupación colonial sobre las Islas Malvinas. ¿La “defensa de la soberanía”? Bien, gracias.

La lógica del enemigo interno

“Argentina enfrenta una amenaza clara y presente” anunció Milei en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, en donde prometió una profunda reforma al Código Penal, una nueva Ley de Seguridad Nacional y la utilización de las Fuerzas Armadas en contra del terrorismo (?) y el narcotráfico. Después, como es costumbre, sonrió de manera sobrecogedora y dijo que “no tendremos piedad”, lo que sonó más como una declaración de guerra a los sectores vulnerables más que una estrategia.

Para quienes tengan la edad, la memoria o les guste la historia, la narrativa oficial de poner el foco en las “madrigueras de narcos” se parece muchísimo al viejo recurso de la extrema derecha regional: apuntar hacia abajo como como si el narcotráfico naciera en las villas y no en los flujos financieros globales, como si los grandes narcotraficantes vivieran en villas y no en lujosos barrios privados.

Este pensamiento fue, como casi todo lo que adora el Presidente, exportado de Estados Unidos, con la famosa “guerra contra las drogas” en los 70’. La idea fracasó en Latinoamérica, pero le permitió a los estadounidenses proporcionar financiación y capacitación a los grupos que se alineaban a sus intereses, es decir que con la excusa de las drogas, la potencia extranjera podía hacer lo que quería en los países que le interesaban.

Según datos del propio Ministerio de Seguridad, la baja de la edad de imputabilidad a 13 años (una de las medidas estrella del gobierno) solo afectaría al 0,45% de los homicidios registrados. Una reforma inútil, pero efectiva como herramienta simbólica, más para quienes votan mano dura sin estar muy seguros de que chivo expiatorio quieren eliminar. Se construye un enemigo menor para encubrir a los verdaderos responsables.

Narcotráfico: un negocio global, no un problema militar

El narcotráfico no se resuelve con soldados ni con tanques. Así lo advierte la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que en su informe de 2022 subraya que el negocio de las drogas se sostiene por los flujos financieros ilegales. En 2014, se estimaba que el mercado mundial del narcotráfico movía entre 426.000 y 652.000 millones de dólares al año. Un tercio del total de la delincuencia transnacional. Y esos fondos no se lavan en las periferias, sino en los bancos y, cada vez más, en criptomonedas.

“El ciberespacio y las criptomonedas se están perfilando como una nueva frontera para los grupos delictivos organizados que se disputan el control de los enormes mercados delictivos de drogas, armas, sexo y personas”, sostiene el informe. La guerra, entonces, no está en las fronteras terrestres sino en el entramado financiero, donde el Gobierno de Milei le dio carta blanca a quien quiera jugar.

¿Dónde están las Fuerzas de Seguridad?

Otro de los puntos polémicos es la desarticulación de las fuerzas especializadas. En lugar de fortalecer a Gendarmería, Prefectura o Policía Federal (cuerpos con formación específica y experiencia en el terreno), el Gobierno optó por darle protagonismo al Ejército, que no está preparado para tareas de seguridad civil. Como denunció la Defensoría del Pueblo, esta decisión “quita facultades a las fuerzas de seguridad” y expone a los soldados a cometer delitos, dado que no cuentan con el marco legal ni el entrenamiento necesario.

“El Ejército está capacitado para la guerra, no para la lucha contra el narcotráfico”, señala el documento. La confusión de roles no solo pone en riesgo a los efectivos, sino también a la población civil.

La historia reciente argentina está muy segura de algo: cuando las Fuerzas Armadas fueron utilizadas para tareas de control interno, el resultado fue la represión ilegal, las violaciones a los derechos humanos y la pérdida de legitimidad institucional. La vuelta de los militares a funciones policiales, sin un debate público, representa un retroceso grave y peligroso.

Una política de show

La militarización de la frontera, en definitiva, parece más una estrategia de impacto mediático que una política de Estado. Se inscribe en una narrativa que necesita enemigos y espectáculos de fuerza. El gobierno no discute con evidencias, sino con slogans. Habla de ciudades tomadas por el narco, pero no presenta datos. Refuerza la frontera norte, pero no investiga los circuitos financieros del crimen organizado. Militariza, pero no regula.

El resultado es doble: por un lado, la criminalización de la pobreza. Por otro, la distracción frente al abandono real de la soberanía, como ocurrió con el buque británico. La política de seguridad, en este contexto, se vuelve una herramienta de disciplinamiento social y un negocio para empresas armamentistas con vínculos internacionales.

No hay seguridad sin justicia social. No se combate al narcotráfico con camuflados, sino con políticas públicas que devuelvan dignidad a los barrios. Educación, trabajo, salud, cultura, deporte. Esas son las condiciones que permiten alejar a los jóvenes del crimen y reconstruir el tejido comunitario.

Lo dijo la propia Defensoría: las organizaciones delictivas no están en Formosa o Salta, sino en las grandes urbes del centro del país. La inteligencia criminal debería orientarse allí. Pero en lugar de fortalecer los recursos estatales para investigar, el gobierno elige la motosierra y el panic show.

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