A poco más de un año del cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), las consecuencias se sienten con fuerza. En una entrevista exclusiva de NEAHOY, el ingeniero agrónomo Federico Pognante, ex trabajador del organismo, asegura que la desaparición del INAFCI dejó a miles de familias agricultoras completamente solas, sin apoyo técnico, sin políticas públicas y cada vez más cercanas al abandono del campo.
“La verdad que, a partir de que fuimos despedidos, no hemos tenido demasiado contacto con las organizaciones porque ya no realizamos tareas en territorio”, cuenta Pognante, aunque aclara que sigue acompañando “algunas familias de productores de la zona cercana a Reconquista”, donde vive. “Esas familias quedaron totalmente solas. Están paradas, a mi modo de entender, porque son del ámbito rural, muy vulnerables, donde el Estado nacional, a través de la política de desarrollo rural, acompañaba en todos los ámbitos, no solo desde lo productivo”.
La Agricultura Familiar, Campesina e Indígena quedó sola y desamparada
Lo que remarca el ingeniero es que el INAFCI no solo brindaba asistencia técnica, sino que abordaba cuestiones estructurales que van desde “la tenencia de la tierra, cuestiones educativas, sociales, además de las productivas”. Esa presencia integral del Estado, dice, “era la única institución en el país, por lo menos en la provincia de Santa Fe, que abordaba estas temáticas y que acompañaba a este sector”.
Según Pognante, en otras provincias puede haber estructuras provinciales que intenten suplir esa ausencia, como en Misiones. “Acá en Santa Fe no, por lo tanto esas familias que ya venían con muchos problemas… Bueno, por lo menos la asistencia técnica, el acompañamiento técnico se estaba dando y podíamos acompañar ese proceso”.
Hoy, ese acompañamiento ya no existe. Lo que hay, en cambio, es desamparo y retroceso. “Esa familia que yo sigo visitando o tengo contacto, bueno, están ahí, cada vez con más dificultades”, lamenta. Y con ese retroceso aparece también un fenómeno que preocupa: el éxodo rural.
“Yo lo que veo es un incremento en el éxodo rural, porque los jóvenes no están encontrando oportunidades y se van a las ciudades a buscar otro tipo de oportunidades laborales que en el campo hoy no las tienen. Y son sus propios padres los que los alientan a que se vayan también”, advierte.
La pérdida de la soberanía alimentaría
La desaparición del INAFCI no sólo deja a las familias campesinas sin soporte estatal. También pone en jaque algo mucho más amplio: la soberanía alimentaria. “Cada vez hay menos posibilidades de acceder a esos alimentos de cercanía, más sanos, saludables, que por ahí todavía en nuestra zona, en Reconquista, que son ciudades pequeñas, podemos tener. Pero en las ciudades grandes ya prácticamente toda la comida es industrial”, alerta Pognante. “Comida muchas veces chatarra, con demasiados aditivos, que traen muchas complicaciones a la salud”.
Y remata con una advertencia directa: “La soberanía alimentaria se ve comprometida si se retiran estas políticas a nivel nacional. Si el campo no está habitado por campesinos, tampoco podemos tener la seguridad de tener alimentos producidos en nuestro país. Se van a empezar a importar alimentos de otros países vecinos como Brasil, Paraguay, Chile…”.
La caída de las instituciones
Pero el problema no es solo la falta de políticas: también hay un Estado que se corre de escena y un vacío institucional que nadie parece dispuesto a ocupar. Aunque en los últimos meses hubo fallos judiciales a favor de algunos trabajadores del INAFCI, el vínculo institucional con el gobierno está completamente roto. “No hay vínculo. No hay relación. Además, tampoco hay funcionarios que tomen esta cuestión”, explica.
Según Pognante, el gremio ATE “no ha podido lograr reincorporaciones, salvo algunos casos muy específicos de quienes eran delegados gremiales que, a través de un amparo, lograron reincorporarse”. El resto, simplemente, quedó afuera. Y con la desaparición del organismo, se perdió también la posibilidad de diálogo: “al haber desaparecido el organismo es mucho más complicado. Si hubiésemos estado dentro de la órbita de una secretaría, tendríamos por lo menos un interlocutor. Pero ahora no hay nadie con quien conversar”.
La situación del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) tampoco ofrece un panorama alentador. Aunque fue creado por ley y tiene mayor institucionalidad, Pognante advierte sobre rumores cada vez más insistentes de despidos, reducción de áreas de trabajo y cierre de agencias de extensión. Incluso se ha hablado de la posibilidad de vender terrenos.
¿Quienes se benefician con esto?
“Sería una lástima que el Estado se desprenda de tierras”, dice preocupado. “La tierra es un bien que se valoriza siempre, cada vez vale más, es cada vez más escasa. Toda esa tierra que el Estado ha conseguido a partir de donaciones o compras… Si se venden, van a realizar su renta particular”.
Esas tierras, explica, muchas veces están destinadas a ensayos de investigación o son gestionadas por cooperadoras que permiten mantener operativa la institución. “Si se venden esos terrenos, se va a disminuir mucho la capacidad operativa”, subraya.
Pero además, si se elimina el área de extensión del INTA, que es el brazo que llega al territorio, quedará solo la parte investigativa. Y Pognante se pregunta, sin rodeos: “¿Investigar para quién?”.
Los problemas de un Estado ausente
Para él, todo esto se enmarca en una lógica más amplia de ajuste y reducción del Estado. “Tiene que ver con la idea de una política de un Estado mínimo, que no lleva adelante este tipo de políticas de las que venimos hablando. Yo calculo que la idea es ir en ese camino. Ojalá que no suceda, pero es mi opinión”, dice, sin rodeos.
Los riesgos, afirma, son enormes. Y, lo que es peor, difíciles de revertir. “Es muy sencillo destruir algo, pero cuesta mucho más poder reconstruirlo. Para mí esos daños pueden no ser irrecuperables, pero va a costar muchísimo volver a recuperar todo eso si se pierde”, lamenta.
Mientras tanto, en los campos del norte santafesino, el tiempo avanza y las generaciones se pierden. “Toda esa familia que yo sigo acompañando, son personas que tienen más de 60 años. Siguen en el campo y van a seguir hasta que se mueran. Pero después, esos campitos, esas pequeñas superficies, se van a ir vendiendo a vecinos que van comprando, y también se va perdiendo el minifundio”, cuenta.
La situación es tan crítica que hasta las palabras empiezan a cambiar. “Ahora también el INTA determinó que no se puede hablar más de agricultura familiar, sino cambiar el nombre por agricultura de pequeña escala”, comenta con preocupación. Y agrega que los IPAF (Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar) “también están en revisión y probablemente puedan llegar a estar cerrados”. “Por eso es bastante complejo”, dice. “Yo por ahí no quiero ser pesimista, pero con lo que uno va viendo día a día, es preocupante”.
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