Con la excusa de las auditorías, el Gobierno Nacional avanza con el ajuste en discapacidad
En su cruzada anti-estatal, el Gobierno Nacional está avanzando con un proceso de auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez. Como muchas de estas decisiones, poco se sabe cómo van a proceder, así que obviamente el anuncio causó incertidumbre en miles de beneficiarios y sus familias. Con la excusa de combatir el «fraude» en el sistema, el Gobierno de Javier Milei está imponiendo barreras que podrían dejar sin sustento a sectores extremadamente vulnerables.
Auditorías con sesgo de exclusión
Hay veces que la burocracia se utiliza para dilatar una cuestión o hacerla tan tediosa que la gente rescinda de ella. Algo así parece que se está cocinando en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya que se están enviando citaciones para que los beneficiarios se presenten, en persona, a evaluaciones médicas y socioeconómicas. Sin embargo, varias defensorías del pueblo advirtieron que estas notificaciones son confusas y de difícil acceso para muchos.
Una de las peores cosas es que no contemplan las necesidades particulares que tienen las personas que se deben presentar. Como explica el Dr. Leonardo Gialluca Defensor del Pueblo de Formosa, en muchos casos, los beneficiarios deben trasladarse largas distancias para ser evaluados, sin recursos para hacerlo o incluso estando internados en hospitales psiquiátricos.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran: citaciones a personas que no pueden movilizarse y entrega de notificaciones a terceros que tal vez no tiene contacto con la persona que recibe la pensión. Además, los documentos están redactados en un lenguaje técnico complejo que dificulta aún más su comprensión.
LA ANDIS ORDENÓ QUE LOS BENEFICIARIOS DE PNC SEAN AUDITADOS EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES EN QUE RESIDEN
-Este cambio de modalidad se inició en la Provincia del Chaco, por lo que se esperan similares instrucciones para nuestra jurisdicción, de manera tal que los………. pic.twitter.com/asmL7Kew9Z
— Defensoria (@defensoriafsa) March 17, 2025
Cambio de modalidad en las auditorías
Un informe de la Defensoría del Pueblo de Formosa reveló que la ANDIS comenzó a modificar la forma en que se realizan las auditorías en esa provincia, permitiendo que los beneficiarios sean evaluados en sus propias localidades. Esto surgió porque hubo denuncias sobre la defectuosa implementación de la nueva medida, que exigía a personas con discapacidad trasladarse a otras localidades, muchas veces a grandes distancias y sin los medios económicos para hacerlo.
Gialluca señaló que las irregularidades en las notificaciones de las auditorías, más la falta de claridad en los procedimientos, generó enorme preocupación entre los beneficiarios. Además, señaló que en Chaco, las auditorías fueron suspendidas en varias localidades debido a estas falencias, y se espera que la misma medida se implemente en otras provincias como Formosa.
Para facilitar el proceso, se informó que los médicos del PAMI van a ser los encargados de realizar las evaluaciones en cada una de las localidades donde residen los beneficiarios,para que éstos no se tengan que trasladar innecesariamente. Además, se estableció un correo electrónico ([email protected]) para que aquellos que no puedan asistir justifiquen su ausencia adjuntando un certificado médico y copia de su DNI.
A pesar de estos cambios, desde la Defensoría del Pueblo se exigió al Ministerio de Salud de la Nación y a la ANDIS que garanticen un sistema de evaluación justo y transparente, que considere no sólo criterios médicos sino también el contexto socioeconómico de los beneficiarios, evitando así una «caza de brujas» contra las personas con discapacidad.
El escándalo de la resolución 187/25
Todo esto se suma a otro ataque que salió de la ANDIS, la resolución 187/25. La normativa incluía términos arcaicos y ofensivos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para referirse a grados de discapacidad intelectual, desatando tanta indignación como preocupación. El Gobierno Nacional, luego del revuelo, anunció que va a corregir estos términos, pero sin embargo mantendrá el criterio de auditoría.
Mariela Peña, abogada y presidenta de la Asociación Incluíme Santa Fe, denunció que el problema va más allá de las palabras. “Es una visión retrógrada de la discapacidad. Están midiendo quién tiene derecho a una pensión en base a un porcentaje de incapacidad, cuando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU establece que la discapacidad no es solo un diagnóstico, sino una construcción social. Esto es un recorte encubierto”, afirmó.
El caso Corrientes y la fake news de la radiografía del perro
Para justificar todas estas medidas, el Vocero Presidencial Manuel Adorni aseguró que en auditorías previas se detectaron fraudes masivos, incluyendo un caso en el que un correntino había presentado la radiografía de un perro para obtener la pensión. Sin embargo, el exdirector de ANDIS, Fernando Galarraga, desmintió esa fake news y presentó pruebas de que la solicitud había sido rechazada en su momento.
“¿A quién quieren engañar y meter el perro? Es evidente: a la gente. Y lo hacen con mentiras para argumentar la baja de pensiones no contributivas que se viene”, dijo Galarraga. Los mismos auditores del organismo identificaron la supuesta radiografía como inválida y nunca aprobaron ninguna pensión sobre esa base, según revelaron documentos oficiales.
El discurso oficial del Gobierno Nacional, sin embargo, insiste en instalar la idea de un “festival de pensiones fraudulentas” como argumento para endurecer los requisitos y dar de baja beneficios. Sin pruebas concretas de un fraude masivo, las auditorías parecen ser, más que un control, una estrategia de ajuste.
Marchas y resistencia ante el ajuste
Por supuesto que las medidas generaron rechazo en todo el país. En Buenos Aires, cientos de personas marcharon a la Plaza de Mayo bajo la consigna “Basta de ajuste en discapacidad”. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de personas con discapacidad denunciaron que, además de los recortes en pensiones, el Gobierno despidió a más de 350 trabajadores de la ANDIS, así que la agencia está en una situación crítica también.
“Nos dicen que hay fraude, pero la única estafa aquí es que el Estado está incumpliendo con su deber de garantizar los derechos de las personas con discapacidad”, expresó Guadalupe Bargiela, de la agrupación Patria Diversa. La manifestación incluyó una radio abierta y actividades artísticas para visibilizar la problemática.
La ofensiva sobre las pensiones por discapacidad no es un hecho aislado, sino parte de una política de ajuste que golpea a los sectores más vulnerables. Con el argumento de combatir irregularidades, el Gobierno está instalando barreras burocráticas que dificultan el acceso y mantenimiento de los derechos ya conquistados.
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